El 22 de agosto del año en curso entró en vigencia el Decreto Exento 1.436 que deja sin efecto el Decreto Supremo 2.308 del año 2009 sobre factores adicionales para la gratuidad en mediación previa y obligatoria.
Ahora tendrán derecho a gratuidad las personas que tengan un ingreso per cápita que se encuentren en décimo decil de la encuesta Casen 2015, es decir, que tengan un ingreso igual o inferior a $1.241.962.
Es decir, si una persona gana $5.000.000 y tiene 4 hijos, calificaría, puesto que su ingreso per cápita sería de $1.000.000.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Quién sería el usuario de mediación privada, pudiendo acceder a mediación licitada gratuita, pagada por el Estado?
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dio a conocer el informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se da a conocer su diagnóstico en relación a la crisis del Sename tras la visita que expertos realizaron a una serie de dichos centros en enero de 2018.
(Las pequeñas fallas de audio provienen del video original)
En el documento realizado por ONU se responsabiliza en gran medida al Estado de Chile y al Poder Judicial a raíz a la serie de vulneraciones que sufren los menores que viven en dichas casas de acogida.
“El Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención internacional sobre los derechos del niño, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo período de tiempo. Habla de 40 años”, aseguró el ministro Larraín al leer el informe de la ONU en conferencia de prensa.
Según la ONU, la culpabilidad del Estado reside en que permite que los menores “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades”.
En tanto, aunque el documento admite que la decisión de separar a los menores de sus familias es una posibilidad, aseguran que “los jueces dan limitada consideracióna acciones sociales con respecto a la familia para parar la situación de vulneración”, y que no se entiende que por “razones administrativas” se separen a hermanos en centros distintos.
El informe señala que “El Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los centros del Sename”.
Los problemas del gremio de docentes se vienen arrastrando por años. Prueba de ello es el siguiente video, grabado por un grupo de profesoras de diferentes escuelas de Carahue, Novena Región de la Araucanía, Chile, el año 2014. En ese año el presidente del Colegio de Profesores era Jaime Gajardo, el Ministro de Educación era Nicolás Eyzaguirre, nombrado por la entonces presidenta Michelle Bachelet.
Este martes, en diferentes ciudades del país, profesores saldrán marchar por mejoras en las condiciones para ejercer la profesión, y como medida de presión para que el Ministerio de Educación pueda atender las 11 demandas que han planteado.
Como han indicado desde el Magisterio, las autoridades no han mostrado la disposición que esperaban en la mesa de trabajo que se dispuso en abril para avanzar en sus requerimientos.
“Marchamos los profesores y profesoras de Chile para decirle al gobierno que estamos muy disconformes con los resultados que tiene hasta ahora la mesa de negociación, que se instaló en el mes de abril”, explicó el pasado viernes Mario Aguilar, tras reunirse con la ministra Marcela Cubillos.
Con fecha de ayer el Consejo de Defensa del Estado se desistió de la apelación a la Excma. Corte Suprema en el caso del mediador Hugo Meza.
Con lo anterior, queda a firme la sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua, que obliga a la Seremía de esa región a efectuar nuevo peritaje psicológico al mediador y hacerlo participar del proceso de licitación para la zona, que actualmente se encuentra cerrado.
Lo que queda claro es que se debe reconsiderar la necesidad de evaluar a mediadores que ya han sido aprobados en evaluaciones anteriores; se debe considerar la necesidad de que los psicólogos evaluadores sean certificados para evaluar competencias, toda vez que una de las razones del rechazo del mediador fue su poca capacidad de comunicación, lo que resulta poco creíble en un mediador que lleva cerca de 7.000 causas mediadas y ningún reclamo ante la Unidad de Mediación. En nuestro país ChileValora es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Ninguna otra puede certificar dichas competencias. En el actual proceso de licitación, cerca de 100 mediadores, muchos de ellos de gran trayectoria, fueron reprobados en la evaluación psicolaboral.
Creemos que el gesto ennoblece al Consejo de Defensa del Estado, porque no se entiende a un Estado que no defienda a sus mediadores, que trabajan precisamente para que en la sociedad y en las familias chilenas exista el diálogo y no la confrontación.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Quién sería el usuario de mediación privada, pudiendo acceder a mediación licitada gratuita, pagada por el Estado?
