El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona

(Artículo publicado en el New York Times, el 13 de septiembre de 2016)

SANTIAGO — El descontento sobre las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.

El enojo alcanzó su punto máximo en julio, cuando los chilenos supieron que la exesposa de un dirigente del Partido Socialista recibía una pensión mensual de casi 7800 dólares (más de 5.000.000 de pesos chilenos) después de jubilarse de Gendarmería. La cifra empequeñece la pensión mensual promedio de 315 dólares, lo cual es mucho más bajo que el salario mensual mínimo de 384 dólares (poco más de 257.000 pesos chilenos).

En un país ya sacudido por la corrupción política y empresarial generalizada, esta fue la gota que derramó el vaso.

Cientos de miles de personas marcharon en agosto por Santiago y otras ciudades para manifestarse en contra el sistema privatizado de pensiones. Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile al régimen democrático en 1990.

Luis Montero, de 69 años, un manifestante cuya pensión mensual es de aproximadamente 150 dólares (unos 100.400 pesos chilenos), participó en la marcha. Como muchos, Montero ha trabajado principalmente en empleos informales sin contrato, con ingresos demasiado bajos para ahorrar para su jubilación. Aún realiza trabajos de mantenimiento en una escuela para que el dinero le alcance.

“He trabajado toda mi vida y me gustaría descansar, pero no puedo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando sea más viejo”.

En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían.

Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.

A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo. La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado (las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado).

Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

“El sistema de pensiones no es justo”, dijo Romina Celis, una parvularia de 28 años que marchó en agosto. “No sé qué fórmula podemos utilizar, pero debe haber más participación del Estado. Debemos seguir con las protestas. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.

A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores expectativas de vida.

Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en 2014 para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas halló que la pensión mediana de las AFP era equivalente al 34 por ciento del último salario promedio de un jubilado (24 por ciento en el caso de las mujeres y 48 por ciento en el de los hombres). La cifra total se elevó al 45 por ciento con ayuda de un pilar solidario financiado por el Estado creado durante el primer gobierno de Bachelet.

Después de advertir de que el sistema de pensiones estaba “en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de cerca de 140 dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar para su pensión durante su vida laboral, y fondos adicionales para los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto. Más de 1,3 millones de chilenos (dos terceras partes son mujeres) reciben ese tipo de beneficios.

No obstante, cuando se analizaron las proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación “solo empeora”, dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión.

“La pensión mediana será equivalente al 15 por ciento de los últimos salarios”, dijo. “Cuando tengamos a toda una generación que se jubile únicamente con el sistema AFP, el panorama empeorará. Debemos enfrentar este problema ahora”.

El informe de la comisión que plantea varias opciones de reforma se quedó guardado en un cajón durante casi un año hasta que las recientes protestas captaron la atención del gobierno. A inicios de agosto, Bachelet anunció una pauta general para reformar el sistema de pensiones sin regresar al sistema de reparto, como demandan muchos manifestantes.

“Las propuestas del gobierno son más de lo mismo y no resuelven el problema de fondo”, dijo Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y rostro del movimiento que se opone a las administradoras privadas de pensiones. “Necesitamos poner fin a las AFP”.

Las AFP descartan las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino que reflejan el mercado laboral. Incluyen, dijo, contribuciones insuficientes e irregulares por parte de muchos trabajadores independientes y quienes tienen empleos inestables, temporales o con salarios bajos, y una alta evasión de parte de los empleadores.

Un estudio realizado por la asociación halló que solo un cuarto de quienes se jubilaron el año pasado había contribuido al sistema de pensiones durante más de 25 años, y que el 62 por ciento de las mujeres habían contribuido a sus cuentas durante menos de 15 años.

Aproximadamente la mitad de los más de 10 millones de afiliados en el sistema privado de pensiones contribuyen de manera regular, según datos de la superintendencia de AFP.

“Las AFP nunca han perdido o robado dinero ni han quebrado”, dijo Pérez. “¿Esto significa que las pensiones están bien? No, no lo están. El sistema necesita cambios importantes. Pero las AFP administran los fondos de quienes ahorran y lo han hecho muy bien”.

Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, concuerda con que las AFP habían hecho bien su trabajo… para su propio beneficio. El dinero que recaudan de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones.

“Ese es un excedente gigantesco que jamás devolverán”, dijo Riesco. “El Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso e irracional”.

Bachelet dijo que su gobierno buscaría “un acuerdo nacional” en torno a la reforma de pensiones, y se reunió con legisladores, líderes de partidos, representantes empresariales, los fondos de pensiones y miembros del movimiento de protesta, conocido como No+AFP.

Sin embargo, un regreso al antiguo sistema parece estar descartado. Las opciones que se barajan incluyen crear una administradora de pensiones estatal, elevar la edad de jubilación, instituir una contribución del 5 por ciento pagado por los empleadores y fortalecer regulaciones de las administradoras de fondos de pensiones.

“Después de pasar de un sistema totalmente público al otro extremo en 1981, ahora nos estamos yendo hacia un sistema mixto que incorpora ahorro individual y aportes del Estado y empleadores”, dijo Bravo, de la Universidad Católica de Chile. “Otra opción es desmontar el sistema de AFP, pero eso es demasiado costoso. Ya no tenemos el privilegio de empezar desde cero”.

Seminario Internacional: “Desafíos Actuales de los Procesos de Mediación” UCT

Tenemos el agrado de invitarles al Seminario Internacional: “Desafíos Actuales de los Procesos de Mediación” organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de nuestra institución, a realizarse el día viernes 14 de diciembre del presente año, a las 18:00 hrs., en la sala E-215 de la Universidad Católica de Temuco, en Temuco.
El seminario contará con la presencia del académico internacional Francisco Diez y las mediadoras Paola Salazar, Natalia Said y Gabriela Jara

Actividad con Cupos limitados, por lo que se solicita confirmar su asistencia con Soledad Venegas Burgos a svenegas@uct.cl

 

 

ASPECTOS A MEJORAR EN LA LICITACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Por Patricio Rebolledo Schmidt, Mg. en Mediación, UAC

Si bien es cierto la mediación familiar en Chile se ha consolidado como una buena experiencia, con un alto grado de adhesión y satisfacción por parte de los usuarios, el grado de satisfacción de los mediadores no ha sido cuantificado. El administrador de este sitio, mediador familiar también, ha sostenido conversaciones con mediadores de distintas regiones del país:  Puerto Montt, Osorno, Temuco, Río Negro, Purranque, Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, Concepción, Viña del Mar. La gran mayoría de los mediadores expresa insatisfacción respecto del actual sistema, y lo que es peor, temor a expresar sus inquietudes en forma abierta, por temor a ser mal evaluados por el mismo sistema.

La lista de los aspectos insatisfactorios que los mediadores en general comentan, habría que sistematizarlas, ordenarlas y analizarlas en mayor detalle y profundidad de lo que mi tiempo lo permite. Si en algún punto he cometido un error o equivocación, ruego hacérmelo saber a fin de corregirlo. Lo ideal sería que estas ideas generen un debate por el bien de la mediación familiar en Chile, ya que urge que sean modificados.

En general existe un sentimiento entre los mediadores que no ha sido debidamente cuantificado, que dice relación con cláusulas abusivas que se encuentran presente en las bases tipo de las licitaciones de los servicios de mediación familiar.

Dejamos abierta la posibilidad de que los mediadores puedan expresar sus comentarios al respecto, me comprometo a guardar la privacidad de quienes emitan dichos comentarios.

Listado de aspectos que se debieran mejorar:

  • Los mediadores en general creen que existe poca transparencia en las evaluaciones de los mismos.
  • La evaluación grabada de la prueba Ecame debiera estar a cargo de un grupo de pares.
  • Los resultados de las pruebas de conocimiento de los mediadores con las respectivas correcciones debieran ser puestas en conocimiento de los mediadores a más tardar a los 15 días de haberla rendido.
  • Los psicólogos evaluadores del examen psicolaboral debiesen estar certificados para evaluar competencias laborales por Chile Valora, toda vez que las instituciones que utilizan recursos del estado deben hacerlo, son los privados quienes no están obligados a hacerlo. Pareciera que muchos de ellos son inexpertos en la evaluación de competencias laborales, y nadie fiscaliza este aspecto.
  • Los mediadores que aprueben el examen psicolaboral no debiesen ser evaluados de nuevo.
  • No queda claro el criterio utilizado para subir el porcentaje de sobreagendamiento de causas desde un 10% vigente en las licitaciones anteriores, a un 40%, para recién solicitar modificación de contrato. Nos parece una cláusula abusiva.
  • Debiera asignarse puntaje a la formación académica de los mediadores. Algo que en los anteriores procesos se hacía, y dejó de considerarse a partir de la actual licitación, dejando a muchos mediadores con fuertes inversiones en cursos de especialización y magíster que al final no sirven de nada.
  • Se debiera asignar puntaje a los mediadores que llevan más de 3000 causas mediadas, el tope actual son 1000.
  • La jornada de trabajo de los mediadores es demasiado extenuante y extensa: de 9 a 14 y de 15 a 18. En la práctica la jornada de un mediador  no termina a las 18 horas sino pasadas las 19 horas, a las 18 horas se ingresa la última causa del día. Muchos mediadores deben viajar desde localidades alejadas una hora al menos de sus domicilios, llegan finalmente a su casa a las 21 horas o más. Los mediadores debieran tener derecho a permisos administrativos, y gozar al menos de una mañana o de una tarde libre para efectuar trámites o quehaceres personales, como visita al médico, hora al dentista, etc. Muchos mediadores optan por saltarse la hora de colación a fin de salir una hora antes, nos parece que lo anterior se origina por cláusulas abusivas de las bases, contraviniendo claramente las disposiciones del Código del Trabajo. Da la impresión de que no se considera que el trabajo del mediador importa un gran desgaste físico y emocional.
  • No se considera ni se incentiva que los mediadores puedan escuchar a los niños, quienes pese a tener derecho a ser oídos, siempre y cuando ambos padres autoricen y el mediador lo considere pertinente, no tienen espacio en la agenda preformateada y rígida del sistema. Con el sistema de cumplimiento de indicadores, los mediadores “no pierden tiempo” en escuchar a los niños. Quienes hemos incorporado esta práctica de escuchar a los niños, a partir de los cuatro años de edad, podemos dar fe de la gran riqueza que aporta a los contenidos de la mediación la participación privada y responsable de los niños. Como el actual sistema no incentiva esta práctica, se deja de lado.
  • Los mediadores denotan que se le pone el acento excesivo en la fiscalización de tramites de las causas, y no se fiscaliza lo suficiente el funcionamiento de los centros. Existen centros que por lo exiguo del presupuesto que se les asigna no ofrecen el debido confort a los usuarios: baños sin papel higiénico ni jabón, salas desaseadas, sin ventiladores en verano ni calefactores en invierno (ni qué hablar de aire acondicionado). Se entiende que con los recursos que se reciben hay que hacer magia.
  • En mayo de 2016 los mediadores de Valparaíso me pidieron que publicara en esta web una Carta Abierta, señalando los problemas que ellos visualizaban en ese momento.
  • En junio del 2016 este mediador hizo presente estos problemas mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, carta que recibió esta respuesta, pero que al fina de cuentas no llegó a nada.
  • El actual sistema presenta dos grandes aciertos: la eliminación del abogado  visador de causas y el incremento del sueldo del mediador al eliminar el cálculo del cumplimiento de metas. El abogado visador claramente constituyó en muchos casos una especie de juez previo al tribunal, que vetaba causas que finalmente el tribunal aceptaba; en otras, veía problemas donde no los hay y además de entorpecer el sistema lo ralentizaba.
  • Existe la percepción generalizada entre los mediadores que en algunas zonas del país hay centros de mediación que siempre resultan adjudicados, invariablemente quedan “siempre los mismos” desde inicios del sistema, en cambio que otros, de pronto “tienen problemas” y sus licitaciones resultan inadmisibles.
  • Algo similar ocurre con las algunas universidades centrales que siempre están detrás de cursos de capacitación y evaluaciones, como si existiera una relación simbiótica que resulta al menos sospechosa.
  • Otros mediadores se han quejado de que pareciera que no existe igualdad de mano frente a infracciones cometidas por algunos centros, dicen que a algunos se les perdona todo, y a otros se les infracciona con el máximo rigor.
  • Existe una presentación a Contraloría Gral. de la República hecha por un mediador de la sexta región, que se refiere a la posibilidad de que en licitaciones anteriores, se haya incurrido en una figura que se llama “enriquecimiento sin causa” por parte del Minjusticia, toda vez que algún centro superó las 110 causas mensuales de mediación ingresadas. Dicha entidad contestó que eso no era efectivo, porque se deben consideran sólo las causas efectivamente atendidas co acuerdo. Sin embargo, para el cálculo de los índices y cumplimiento de metas, se consideran todas las causas ingresadas, con o sin acuerdo, frustradas con o sin sesión y asistencia incompleta. Entonces tenemos que para algunas cosas el sistema sí lo considera, para otras no, lo cual nos parece poco convincente e inequitativo. 
  • Las auditorías implican un tiempo extra para análisis y respuesta, tiempo que en la mediación casi no existe. Del mismo modo que no existen horas extras para que los mediadores hagan seguimiento de causas. Las claúsulas que obligan a los mediadores a realizar estas gestiones sin otorgar tiempo extra son abusivas. Los juzgados de familia cuentan con más personal, los centros de mediación son dos personas; los tribunales atienden público sólo mediodía, el resto lo dedican a trabajo interno, no sucede eso en los centros de mediación.
  • Existen incentivos anuales de varios millones de pesos que reciben los centros de mediación que cumplen con las metas, debiera estipularse que parte de esos recursos los reciban los mediadores, pues gracias a ellos se cumplen las estadísticas. Lo que es peor, dicha comunicación no es transparente, pues se dirige exclusivamente a los operadores de centros de mediación mediante el correo “comu” al cual los mediadores no tienen acceso.
  • La validez territorial de los mediadores no debe estar acotada a un determinado territorio, deben estar validados para la totalidad del territorio nacional. El trámite de cambio de territorio demora en la practica más de un mes. Entre el decreto que debe emitir la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia, hasta que la Unidad de Mediación toma conocimiento del decreto y efectúa la modificación de la agenda del mediador, pasa más de un mes, y el mediador se queda sin ingresos por todo ese tiempo.
  • La Unidad de Mediación para algunos aspectos asume que habiendo firmado contrato con un centro de mediación, no existe entre el Ministerio de Justicia y el contratado un contrato que los obligue; pues de lo contrario los centros de mediación y sus trabajadores pasarían a ser funcionarios públicos, con todos los derechos y prerrogativas de éstos. Sin embargo, para otros efectos, como disponer cláusulas de descuento  los mediadores por horas y días no trabajados, opera en la práctica como un contratante de contrato directo con los mediadores.
  • Que se termine con la práctica de exigir cláusulas en forma unilateral con los centros de mediación, de aspectos que están fuera del contrato, ejemplo, en noviembre del presente año se les notificó a los centros de mediación que finalizan su licitación el 31 de diciembre del año en curso, en el sentido de no recibir nuevas causas y derivarlas a los centros de mediación que asumen sus labores como nuevos contratados el 1 de diciembre de este año; con esta modificación obligada y fuera de contrato, ninguno de los centros ni de los mediadores que trabajan en éstos podrán alcanzar las metas ni cumplir con los indicadores establecidos por contrato, lo que implicará que ningún mediador ni centro de mediación percibirá el 100% de sus ingresos, estarán obligados a percibir solamente el 70% del valor total mensualizado, VTM, perjudicando claramente los ingresos de estos por una causa ajena a su desempeño.
  • Si nuestro país goza de un sistema de libre mercado, ¿Por qué razón se fija anualmente el arancel máximo que podrán cobrar los mediadores privados? ¿A qué otro profesional en el país se le establece por ley un arancel máximo a percibir por sus servicios?.
  • ¿Que usuario se sentirá motivado a a acudir a los servicios de mediación familiar privada, si uno de los criterios de gratuidad establecido por decreto estipula un ingreso per cápita de $1.200.000 para acceder a mediación gratuita?.
  • Debiera establecerse un número máximo de atenciones mensuales, que en la licitación anterior se señaló por escrito que era de 110 causas mensuales. Hay centros de mediación que atienden más causas.
  • El anexo 1 de las licitaciones públicas de los servicios de mediación familiar no contempla plazos adecuados para reclamaciones administrativas y recursos legales o apelaciones a la licitación, en contra de lo que dispone el artículo 59 de la Ley 19.880.
  • A los mediadores personas naturales que incurren en actos deleznables como falsificación de firmas y otros actos gravemente reñidos con la ética profesional se les debe expulsar del Registro Nacional de Mediadores.
  • En los criterios de evaluación de la prueba Ecame hay un punto controvertido, que dice relación con el grado de adhesión del oferente con ciertas políticas públicas, lo cual se presta para calificar negativamente a quienes disienten de las mismas, lo cual es claramente negar el derecho a pensar diferente.
  • Es de esperar que con la entrada en vigencia de la reforma procesal civil, la mediación pueda ser integrada en un sistema único, y alcance el status que se merece, ojalá exista un sistema multipuerta donde se derive la mediación al mediador especialista que corresponda: familia, escolar, de salud privada, penal, vecinal, comunitario, etc.
  • El sistema de mediación familiar debiera dejar de ser un sistema licitado, y parecerse más a lo que es la atención médica: los mediadores inscritos reciben los honorarios mediante un bono entregado por el estado a quienes califican para gratuidad, pueden ejercer todos los mediadores que lo deseen, cuyo servicio será evaluados directamente por los usuarios. Con lo anterior se acabarán las mediaciones express, las segundas sesiones inventadas, la presión por mediaciones forzadas, etc. todo con la finalidad de alcanzar las metas  las que ahora obliga el sistema.
  • ¿Cuánto dinero ahorra la mediación familiar al Estado? Creemos que al menos medio millón de pesos chilenos. Un juicio de familia considerando los pagos al juez, actuarios, consejeros, receptor judicial, etc, puede llegar al millón de pesos. Entonces, ¿Por qué no se es más generoso con el presupuesto? Hay centros de mediación que parecen verdaderas ratoneras, según lo dijo un alto personero judicial en uno de los congresos de mediación.
  • Creemos que si bien es cierto a nivel usuarios existe una gran valoración de la mediación, a nivel de mediadores urge un cambio en las reglas de juego, tal como sucedió años atrás, cuando los mediadores hicieron ver la necesidad de modificar la ley para que la mediación familiar dejara de ser voluntaria, lo que finalmente se logró. Recordemos que el sistema antes de ser modificado, significó la quiebra económica de muchos centros de mediación. Nos parece que los tiempos están cambiando, hoy los mediadores de todo el país están más empoderados que en los inicios de la mediación, cuando eran gritoneados por los funcionarios estatales, situación que pudo llegar a ser constitutiva en su momento de maltrato laboral y que hoy afortunadamente ha cambiado. Muchos mediadores se encuentran organizados en agrupaciones gremiales, y están dispuestos a hacerse escuchar en los que les parece justo y necesario que se corrija. Se han hecho numerosas presentaciones de reclamo ante Contraloría General de la República, instancia que ha debido detener procesos de licitación pública en más de una oportunidad; ante el Tribunal de Contratación Pública, ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia, ante las Cortes de Apelaciones regionales e inclusive hasta la mismísima Corte Suprema de Justicia. En algunas causas ha debido intervenir incluso el Consejo de Defensa del Estado.
  • Está ocurriendo una situación que nos parece grave y desleal con las uniones temporales de proveedores. Se forma una sociedad de ese tipo con un mediador, al cual en el anexo 6 aparece con un sueldo de $1.800.000, lo cual le otorga significativamente más puntos a esa licitación; pero el mediador está coludido con la unión temporal de proveedores, y de quedar adjudicado mensualmente devolverá a la unión temporal de proveedores parte de su sueldo, o sea, le descontarán, digamos, unos $400.000. De ese modo se aseguran resultar adjudicados, perjudicando  a mediadores que licitan limpiamente, sin trampas. eso pasó en al menos una veintena de adjudicaciones en Santiago en esta última licitación. Lo mismo ha ocurrido, con toda seguridad, en licitaciones de personas jurídicas y naturales.
  • Nos parece que situaciones como las anteriormente descritas revelan una necesidad de constante diálogo entre la unidad de mediación y los mediadores, relación que hoy prácticamente no existe. Algunos mediadores se han quedado de que han solicitado audiencias que les han sido denegadas. Creemos que el diálogo es constructivo y puede ayudar mucho. Cuando hemos conversado esto con algunos secretarios regionales ministeriales, dicen que jamás se imaginaron que podían suceder situaciones como las descritas.

Los puntos anteriores se deben considerar como una sincera crítica constructiva, en aras a conformar un sistema de mediación familiar potente, que llegue a constituir un ejemplo para el resto del mundo. 

 

TRIBUNAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN Y ORDENA NUEVA SUSPENSIÓN

Con fecha de hoy el Tribunal de Contratación Pública resolvió ampliar la suspensión de la licitación ID 759-116-LR18 hasta que se pronuncie la sentencia definitiva sobre este caso. Con fecha 22 del mes en curso el mismo Tribunal resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado.