El 22 de agosto del año en curso entró en vigencia el Decreto Exento 1.436 que deja sin efecto el Decreto Supremo 2.308 del año 2009 sobre factores adicionales para la gratuidad en mediación previa y obligatoria.
Ahora tendrán derecho a gratuidad las personas que tengan un ingreso per cápita que se encuentren en décimo decil de la encuesta Casen 2015, es decir, que tengan un ingreso igual o inferior a $1.241.962.
Es decir, si una persona gana $5.000.000 y tiene 4 hijos, calificaría, puesto que su ingreso per cápita sería de $1.000.000.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Quién sería el usuario de mediación privada, pudiendo acceder a mediación licitada gratuita, pagada por el Estado?
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dio a conocer el informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se da a conocer su diagnóstico en relación a la crisis del Sename tras la visita que expertos realizaron a una serie de dichos centros en enero de 2018.
(Las pequeñas fallas de audio provienen del video original)
En el documento realizado por ONU se responsabiliza en gran medida al Estado de Chile y al Poder Judicial a raíz a la serie de vulneraciones que sufren los menores que viven en dichas casas de acogida.
“El Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención internacional sobre los derechos del niño, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo período de tiempo. Habla de 40 años”, aseguró el ministro Larraín al leer el informe de la ONU en conferencia de prensa.
Según la ONU, la culpabilidad del Estado reside en que permite que los menores “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades”.
En tanto, aunque el documento admite que la decisión de separar a los menores de sus familias es una posibilidad, aseguran que “los jueces dan limitada consideracióna acciones sociales con respecto a la familia para parar la situación de vulneración”, y que no se entiende que por “razones administrativas” se separen a hermanos en centros distintos.
El informe señala que “El Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los centros del Sename”.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Quién sería el usuario de mediación privada, pudiendo acceder a mediación licitada gratuita, pagada por el Estado?
