Cuando los organismos licitantes juegan ajedrez


Patricio Rebolledo Schmidt, Mg. en Mediación Familiar, UAC

Listado de mediadores familiares que participó en la elaboración de la pauta Ecame:

Curiosamente una de las personas antes nombradas, obtuvo una alta calificación en la pauta que ayudó a elaborar, y obtuvo además una alta calificación en la prueba de conocimientos de mediación. Hasta ahí, parece todo correcto. En una de esas esa mediadora es estudiosa y puede ser meritorio el hecho de que obtenga altas calificaciones en ambas evaluaciones.

Pero… ocurre que esa misma persona fue denunciada por falsificación de firma, y es férreamente defendida por el Consejo de Defensa del Estado.

Como en toda situación de corrupción, el discurso de la defensa, que solicitó un recurso de reposición que le fue denegado, se hace aparecer a la víctima de la falsificación como la persona causante del daño al patrimonio del estado por tener que prorrogar la licitación cuestionada, cuando es precisamente al revés.

Otro punto que llama la atención es lo que se menciona en el artículo 4 de Ley de Compras Públicas, Ley 19.886, que dice:

 Ningún órgano de la Administración del Estado y de 
las empresas y corporaciones del Estado o en que éste 
tenga participación, podrá suscribir contratos 
administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con los funcionarios directivos del mismo 
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, ni con sociedades de personas de las que 
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades 
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni 
con los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
     Las mismas prohibiciones del inciso anterior se 
aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las 
Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los 
Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario 
del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según 
sea el caso.
     Los contratos celebrados con infracción a lo 
dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los 
funcionarios que hayan participado en su celebración 
incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso 
segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal que les corresponda.
     Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo 
hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el 
inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre 
que se ajusten a condiciones de equidad similares a las 
que habitualmente prevalecen en el mercado. La 
aprobación del contrato deberá hacerse por resolución 
fundada, que se comunicará al superior jerárquico del 
suscriptor, a la Contraloría General de la República y a 
la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional 
la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del 
Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder 
Judicial, a su Comisión de Ética.

En el caso que relatamos, no existen al parecer vínculos de parentesco ni por consanguinidad ni por afinidad, pero ¿Podría existir al menos tráfico de influencias? Sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de estas personas cuestionadas obtuvieron importantes adjudicaciones en la región metropolitana, aún estando con procesos pendientes de faltas tan graves como es la falsificación de una firma, sancionada duramente en el Código Penal.

Me llama personalmente la atención, ya que hace años atrás yo trabajé en una licitación de mediación en Osorno, junto a una mediadora que es abogada. Dada la gran carga de trabajo privado de mi colega, olvidó por un par de semanas subir al sistema unas causas de mediación frustrada. El usuario afectado presentó su queja ante la unidad respectiva, quien la sancionó inmediatamente con tres años de suspensión del registro.

Lo cierto es que las bases del sistema de licitación pública de los servicios de mediación familiar adolecen de errores de diseño, que permiten toda clase de triquiñuelas y trampas. Por ejemplo, al no premiar el mérito de la formación del mediador con puntaje, hay que obtener puntaje como sea, entonces se premia con puntaje a los centros que ofrecen mejores sueldos a los mediadores. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los centros se coluden con algunos mediadores, en el anexo respectivo ponen por escrito y bajo firma que el mediador ganará un gran sueldo. Con eso el centro obtiene la licitación. Pero llegado el momento de pagarle al mediador, éste recibirá el minimo establecido por una gran jornada.

Entonces, nos parece que fue una medida desproporcionada en comparación a lo que pasa ahora. El caso es que mi amiga vino a Santiago a reclamar, y a los pocos días la persona que había dictado dicha sanción dejaba el cargo. Como podemos ver, como decía un amigo estadounidense, en todas partes se cuecen habas, sólo que en Usa se cuecen en olla a presión.

La corrupción en Latinoamérica juega al ajedrez

Por: Daniel Suchar Zomer. Analista Económico. Profesor Universitario

Lo peor del asunto es que todos en Latinoamérica tienen un compadre, un amigo, un contacto, un conocido o un patrocinio; que convive en el círculo vicioso de la corrupción. Es más, no tener o conocer de este personaje, puede ser hasta nocivo para la vida cotidiana del individuo. 

La peor enfermedad de los latinos no está basada en problemas con los mosquitos. Tampoco se asocia con los cambios de temperaturas que existen a lo largo y ancho del continente. Mucho menos se puede comparar con los problemas de higiene que cada país intenta combatir con sus propios sistemas de salud. Ni siquiera entra en la lista un padecimiento como lesiones deportivas o ataques de caspa, o más bien, dolores de muelas o encías. Lamentablemente, en Latinoamérica se sufre y se vive con una enfermedad aún peor: La corrupción.

El término de la corrupción proviene del latín corruptio y rumpere, que significan “romper en pedazos fuertemente”. Cuando se lleva dicha definición al ámbito de la vida cotidiana, suele asociarse al mal uso del poder (público y/o privado) para conseguir una ventaja ilegitima, que generalmente se realiza de forma secreta y privada.

Posiblemente, el ciudadano común asocie la corrupción a los actos cometidos por sus altos funcionarios del gobierno con los cuales, hubo un enriquecimiento ilícito o inapropiado; pero tampoco dejar ser un acto ilegal aceptar lo que hace el propio ciudadano en su vida cotidiana.

El último movimiento de piezas corruptas que se ha descubierto, es el caso de Odebrecht. Una empresa constructora brasilera que a punta de una chequera bien nutrida, logra repartir US$349 millones en sobornos en Brasil, US$98 millones en Venezuela, US$92 millones en República Dominicana, US$35 millones en Argentina, US$34 millones en Ecuador, US$29 millones en Perú, US$11 millones en Colombia, US$10,5 millones en México y US$8,1 millones en Perú, alcanzando una cifra superior a los US$ 660 millones en los principales mercados de la región.

Para muchos, no es sorpresa que países con tendencia socialista estén en esta lista pues cuando sus mandatarios más emblemáticos (Hugo Chávez, Dilma Rouseff, Cristina Kirshner y Rafael Correa) ejercían su ejercicio político, fue donde se manifiestan dichos casos de corrupción. Pero tampoco se puede dejar atrás que estos escándalos están desboronando la situación mexicana que arrastra problemas de popularidad mientras que los neogranadinos el escándalo llega a frenar la racha positivista que mantiene Santos en su mandato presidencial. Para el caso del Perú, el más buscado es Alejandro Toledo pues hasta su propia red de trampas ha salpicado a otros países como Panamá o Costa Rica.

Pero hay que ir un poco más allá. Dice el refrán que el primer acto de corrupción de un político es aceptar un puesto para el cual no tiene competencias. Basados en esa frase, será cierto que el latino “a pie” se comporta a la perfección como para quejarse de sus gobernantes.

El ranking de corrupción emitido anualmente por la ONG Transparencia Internacional, ubica a 17 naciones latinas, por debajo del número 79. De hecho, 11 países están por debajo de las posiciones 100. Quiere decir, que la región es percibida extremadamente corrupta desde su seno político y por ende, debe tener características que la califiquen de “exclusiva porquería corrupta” a lo largo de la mayoría de las naciones.

Hace unos días, un joven soñador decidió presentarse en unas justas deportivas de invierno etiquetándose a sí mismo como atleta de alto nivel. Los hechos dejan en evidencia que el improvisado deportista no tenía la más mínima idea de la disciplina en la que participó y por ende, una serie de comentarios chistosos con base en lo acontecido. Para ser honestos, el acto también se cataloga de corrupción. Una persona (sin pudor ni respeto a los verdaderos atletas) que logra viajar sin ningún tipo de formación deportiva a un evento de carácter mundial que proviene de un país (Venezuela) donde escasean medicinas, alimentos y empleos; debe estar “enchufado” a alguna ubre política para obtener ese beneficio de conocer Finlandia y por ende, la nieve “por primera vez”.

Pero también hay otros ejemplos de corrupción “blanca” que se pueden señalar. En Costa Rica hubo ciertas irregularidades en depósitos realizados a algunas “vice-personas”, que al ser descubiertas, la posición fue de víctimas y no de agresores. Estas personas se hicieron la vista gorda, y hasta que el escándalo no trascendió las fronteras periodísticas, es que el presidente emitió alguna opinión al respecto.

Por algo siempre se ha dicho, que el idioma español es tan rico que hablando “se entiende la gente”. Y no es por nada, pero cuando las personas viajan de un lugar a otro dentro de la región, saben que las cosas se pueden arreglarse en el idioma castellano… pero de los números y en dólares americanos para evitar problemas de tipo de cambio.

La falta de educación y de cultura en la región, es el meollo de todo este asunto. Por algo se observa que países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, Singapur, Holanda o Austria, lideran el ranquin de la poca corrupción. Pero siendo más analíticos y profundos, la educación en estos países está mucho mejor posicionada que en Latinoamérica. Los índices de inversión sobre el Producto Interno Bruto esta direccionado al mejoramiento de su infraestructura y equipos, y no como en la región hispano-parlante, donde el 75% de esa “inversión” se va en salarios para profesores y docentes, dejando muy poco para el beneficio de los alumnos.

Acto seguido, los ciudadanos “adultos” ven como los trámites burocráticos de los países de esta región son tan complicados que generan “empleo subterráneo” a quienes; con poder para agilizar estas diligencias, son dueños del precio que deben de pagar los ciudadanos para conseguir un documento o permiso. Pero lo peor del asunto es que todos en Latinoamérica tienen un compadre, un amigo, un contacto, un conocido o un patrocinio; que convive en el círculo vicioso de la corrupción. Es más, no tener o conocer de este personaje, puede ser hasta nocivo para la vida cotidiana del individuo.

Latinoamérica vive así y pareciera no importarle. Muchos prefieren a gobiernos que “roben pero dejen vivir” a gobiernos que “roben solo para ellos”. Pero en realidad una región no puede colocar sus bases de desarrollo sobre refranes conformistas y que promuevan la corrupción. Este lado del charco debe cambiar el chip y frenar todos estos actos indebidos. En el tablero de ajedrez, las piezas son de diferentes tamaños y con distintas responsabilidades, pero pareciera que en la región, la corrupción disfruta jugando el juego ciencia, pues nadie se escapa de convivir con esta situación.

El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona

(Artículo publicado en el New York Times, el 13 de septiembre de 2016)

SANTIAGO — El descontento sobre las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.

El enojo alcanzó su punto máximo en julio, cuando los chilenos supieron que la exesposa de un dirigente del Partido Socialista recibía una pensión mensual de casi 7800 dólares (más de 5.000.000 de pesos chilenos) después de jubilarse de Gendarmería. La cifra empequeñece la pensión mensual promedio de 315 dólares, lo cual es mucho más bajo que el salario mensual mínimo de 384 dólares (poco más de 257.000 pesos chilenos).

En un país ya sacudido por la corrupción política y empresarial generalizada, esta fue la gota que derramó el vaso.

Cientos de miles de personas marcharon en agosto por Santiago y otras ciudades para manifestarse en contra el sistema privatizado de pensiones. Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile al régimen democrático en 1990.

Luis Montero, de 69 años, un manifestante cuya pensión mensual es de aproximadamente 150 dólares (unos 100.400 pesos chilenos), participó en la marcha. Como muchos, Montero ha trabajado principalmente en empleos informales sin contrato, con ingresos demasiado bajos para ahorrar para su jubilación. Aún realiza trabajos de mantenimiento en una escuela para que el dinero le alcance.

“He trabajado toda mi vida y me gustaría descansar, pero no puedo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando sea más viejo”.

En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían.

Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.

A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo. La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado (las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado).

Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

“El sistema de pensiones no es justo”, dijo Romina Celis, una parvularia de 28 años que marchó en agosto. “No sé qué fórmula podemos utilizar, pero debe haber más participación del Estado. Debemos seguir con las protestas. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.

A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores expectativas de vida.

Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en 2014 para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas halló que la pensión mediana de las AFP era equivalente al 34 por ciento del último salario promedio de un jubilado (24 por ciento en el caso de las mujeres y 48 por ciento en el de los hombres). La cifra total se elevó al 45 por ciento con ayuda de un pilar solidario financiado por el Estado creado durante el primer gobierno de Bachelet.

Después de advertir de que el sistema de pensiones estaba “en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de cerca de 140 dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar para su pensión durante su vida laboral, y fondos adicionales para los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto. Más de 1,3 millones de chilenos (dos terceras partes son mujeres) reciben ese tipo de beneficios.

No obstante, cuando se analizaron las proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación “solo empeora”, dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión.

“La pensión mediana será equivalente al 15 por ciento de los últimos salarios”, dijo. “Cuando tengamos a toda una generación que se jubile únicamente con el sistema AFP, el panorama empeorará. Debemos enfrentar este problema ahora”.

El informe de la comisión que plantea varias opciones de reforma se quedó guardado en un cajón durante casi un año hasta que las recientes protestas captaron la atención del gobierno. A inicios de agosto, Bachelet anunció una pauta general para reformar el sistema de pensiones sin regresar al sistema de reparto, como demandan muchos manifestantes.

“Las propuestas del gobierno son más de lo mismo y no resuelven el problema de fondo”, dijo Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y rostro del movimiento que se opone a las administradoras privadas de pensiones. “Necesitamos poner fin a las AFP”.

Las AFP descartan las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino que reflejan el mercado laboral. Incluyen, dijo, contribuciones insuficientes e irregulares por parte de muchos trabajadores independientes y quienes tienen empleos inestables, temporales o con salarios bajos, y una alta evasión de parte de los empleadores.

Un estudio realizado por la asociación halló que solo un cuarto de quienes se jubilaron el año pasado había contribuido al sistema de pensiones durante más de 25 años, y que el 62 por ciento de las mujeres habían contribuido a sus cuentas durante menos de 15 años.

Aproximadamente la mitad de los más de 10 millones de afiliados en el sistema privado de pensiones contribuyen de manera regular, según datos de la superintendencia de AFP.

“Las AFP nunca han perdido o robado dinero ni han quebrado”, dijo Pérez. “¿Esto significa que las pensiones están bien? No, no lo están. El sistema necesita cambios importantes. Pero las AFP administran los fondos de quienes ahorran y lo han hecho muy bien”.

Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, concuerda con que las AFP habían hecho bien su trabajo… para su propio beneficio. El dinero que recaudan de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones.

“Ese es un excedente gigantesco que jamás devolverán”, dijo Riesco. “El Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso e irracional”.

Bachelet dijo que su gobierno buscaría “un acuerdo nacional” en torno a la reforma de pensiones, y se reunió con legisladores, líderes de partidos, representantes empresariales, los fondos de pensiones y miembros del movimiento de protesta, conocido como No+AFP.

Sin embargo, un regreso al antiguo sistema parece estar descartado. Las opciones que se barajan incluyen crear una administradora de pensiones estatal, elevar la edad de jubilación, instituir una contribución del 5 por ciento pagado por los empleadores y fortalecer regulaciones de las administradoras de fondos de pensiones.

“Después de pasar de un sistema totalmente público al otro extremo en 1981, ahora nos estamos yendo hacia un sistema mixto que incorpora ahorro individual y aportes del Estado y empleadores”, dijo Bravo, de la Universidad Católica de Chile. “Otra opción es desmontar el sistema de AFP, pero eso es demasiado costoso. Ya no tenemos el privilegio de empezar desde cero”.