Día: 25 Mayo 2016

El Poder Judicial enfrenta dos grandes desafíos:

1. Acercar el poder judicial a la gente. Los ciudadanos se sienten en general excluidos de la justicia. Los tribunales civiles representan la mayoría de las causas que se tramitan en el país: unos tres millones de causas al año que en su mayoría son deudas, cobros de pagarés, cobro de deudas impagas del retail y de la banca. Esas materias componen casi el 100% de las causas que se ventilan en el país.
2. Hay conflictos latentes que escalan a violencia, y ahí recién opera el sistema judicial. ¿Cómo avanzar hacia una justicia vecinal? El ámbito judicial está plagado de abogados. Se han realizado pequeñas experiencias como la justicia móvil, que han generado sin duda vínculos de confianza, pero más bien a nivel de orientación que de resolución de problemas. Muchos grupos de personas vulnerables han manifestado su inquietud porque dicen que se sienten victimizados cuando van a buscar justicia al sistema formal.

Por otra parte, en materia civil la mayoría de las causas terminan porque se retira la demanda.

Si queremos avanzar hacia un sistema de resolución alternativa o complementaria de conflictos, hay que avanzar hacia un sistema multipuertas; es decir, que partes de un conflicto se puedan dirimir en forma amigable en mediación, mediante el mecanismo de resolución desjudicializada del conflicto.

Debe ofertarse por parte del estado una gama amplia de posibilidades de resolución de conflictos no judicializados. El sistema judicial debe recuperar los sistemas ancestrales de resolución de conflictos, por ejemplo, el de los pueblos mapuches, aymará, rapa nui, etc. El desafío es: ¿De qué manera relacionar esos sistemas ancestrales con el poder judicial.

Desde las políticas públicas se deben implementar diálogos, y cómo avanzar hacia una etapa preventiva de los conflictos entre las personas, entre los pueblos, entre las etnias, entre las comunidades, etc. Uno de los pilares del sistema es la educación: los alumnos deben ser instruidos en los métodos alternativos de resolución de conflictos, para que la justicia no llegue tarde. Cambiando la cultura de la violencia que está instalada en los colegios.

Estos mecanismos tienen que ser parte de un modelo sistémico, con una mirada integral para todo el tejido social.

El ex-presidente Salvador Allende propuso en el año 1971 un proyecto de tribunales populares para sectores donde no llegaba la justicia.

El ex-presidente Sebastián Piñera propuso la creación de tribunales vecinales.

La actual presidenta Michelle Bachellet propone una nueva agenda donde la justicia sea para todos y para todas.

Ojalá que algo surja de todas esas mociones.

(Constanza Collarte Pindar, directora de Estudios de la Corte Suprema, ex coordinadora de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, del Ministerio de Justicia.)

No existe un tratado donde se contemplen todas las formas de composición amigable de conflictos, en el ámbito administrativo, en el comercio, en lo penal, en lo vecinal, en lo escolar, en lo comunitario, en la salud, etc.

Habría que hacer un mapa de todas las normas legales de Chile que se refieran a la resolución amigable de conflictos. Este es uno de los grandes temas del futuro de la justicia en nuestro país.

Ahora es el momento, porque se está debatiendo en el congreso la reforma procesal civil.

Nosotros los chilenos estamos acostumbrados a la cultura del litigio. Las universidades de nuestro país debieran dar formación no sólo sobre litigio, sino paralelamente debieran enseñar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los abogados manejan bien los procedimientos litigiosos, pero no conocen bien las RAC.

Los tribunales deciden los conflictos, pero no los resuelven. Aplican el derecho, pero las causas del conflicto no se resuelven. La justicia de la ley es muy diferente a la justicia práctica.

La ciudadanía desconoce la ley porque no es accesible al lenguaje de la calle. El estado publica las leyes de muy mala manera, y estos desconocimientos causas problemas.

En USA existen experiencias como los chequeos legales a las personas (p. ej. en el estado de Winconsin); se refiere a ver cómo está la situación legal de las personas para evitar conflictos posteriores.

En cambio en nuestro país los anogados se dedican sólo a lo contencioso, es difíl remover esta cultura del litigio.

Mahatma Ghandi señaló en una oportunidad que: “La humanidad no toma conciencia de los daños que provoca el llevar los problemas a la justicia. Ghandi era abogado y sabía de lo que estaba hablando.

Revisando la ley pareciera que no se quiere dar un reconocimiento explícito a la mediación; por otra parte es necesario señalar que en el diseño de la mediación se han puesto demasiadas trabas sobre lo que se puede mediar y lo que no se puede mediar.

Hay mucha tarea por delante; ni qué decir de otros desarrollos posibles de la mediación: en el área de la propiedad intelectual, en la educación, en el ámbito financiero, etc.

Hay una responsabilidad enorme de las políticas públicas; nosotros podemos iniciar e impulsar este debate. Tal vez nosotros no veamos los frutos de esto, pero nuestros sucesores sí lo verán.

(Luis Bates Hidalgo, abogado, profesor, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, ex presidente de Transparencia Internacional de Chile, ex Ministro de Justicia y actual Director del Centro de Educación Ciudadana de la facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián).

La mediación NO es un método alternativo de resolución de conflictos; es un método COMPLEMENTARIO.

No es competitivo del poder judicial; aquí nos perdemos en el lenguaje.

¿Cómo podemos convencer al poder judicial que sí es posible enviar causas a mediación en medio de un procedimiento judicial?

Lo virtuoso de la mediación es que es complementaria e integradora; no debemos cometer errores conceptuales.

Hoy la mediación busca un lugar donde asentarse.  Aun no se superan las desconfianzas iniciales al sistema de mediación por parte del poder judicial. Lo positivo del caso es que actualmente la Corte Suprema es menos dogmática que antaño.

Hemos equivocado el camino cuando creemos que el impulso a una gran reforma sobre mediación debe venir del ejecutivo. No, debe provenir del poder judicial.

(Pedro Barría Gutiérrez, abogado y mediador, Jefe de la Unidad de Mediación por daños en salud del Consejo de Defensa del Estado).