Taller: Nueva Normativa sobre Corrupción en los Negocios

 

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) tiene el agrado de invitarle al Taller:
Nueva Normativa sobre
Corrupción en los Negocios
Cohecho público y privado, corrupción,
nuevos deberes de directores y gerentes, administración desleal y
responsabilidad penal de las empresas
El Taller contará con las presentaciones del abogado Ignacio Concha, Socio de Deloitte Legal; de Santiago Swett, abogado Deloitte Legal y de Pedro Trevisan, Gerente Senior de Deloitte Forensic y Presidente del Directorio de ACFE Chile.
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Programa
08:45 Acreditación y Coffee
08:55 Palabras de bienvenida
09:00 – 09:30 Nueva normativa sobre corrupción en los negocios: Impacto en la empresa y forma de hacer negocios
Ignacio Concha, Socio de Deloitte Legal.
09:30 – 10:00 Cómo actuar frente a actos de corrupción en la empresa: Una mirada desde el Derecho del Trabajo.
Santiago Swett, abogado Deloitte Legal.
10:00 – 10:30 Cómo detectar y prevenir conductas corruptas en las empresas.
Pedro Trevisán, Gerente Senior de Deloitte y Presidente del Directorio de ACFE Chile.
10:30 Ronda de Preguntas
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Confirmar asistencia
Fecha: Lunes 14 de enero.
Lugar: Centro Convenciones CCS, Sala 4 (Monjitas 392, Piso 2, Metro Bellas Artes).
Confirmar al +56 2 2360 7049 o al e-mail: ctillerias@ccs.cl
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Monjitas #392, Santiago – Chile
Teléfono: +56 2 2360 7000

Cuando los organismos licitantes juegan ajedrez


Patricio Rebolledo Schmidt, Mg. en Mediación Familiar, UAC

Listado de mediadores familiares que participó en la elaboración de la pauta Ecame:

Curiosamente una de las personas antes nombradas, obtuvo una alta calificación en la pauta que ayudó a elaborar, y obtuvo además una alta calificación en la prueba de conocimientos de mediación. Hasta ahí, parece todo correcto. En una de esas esa mediadora es estudiosa y puede ser meritorio el hecho de que obtenga altas calificaciones en ambas evaluaciones.

Pero… ocurre que esa misma persona fue denunciada por falsificación de firma, y es férreamente defendida por el Consejo de Defensa del Estado.

Como en toda situación de corrupción, el discurso de la defensa, que solicitó un recurso de reposición que le fue denegado, se hace aparecer a la víctima de la falsificación como la persona causante del daño al patrimonio del estado por tener que prorrogar la licitación cuestionada, cuando es precisamente al revés.

Otro punto que llama la atención es lo que se menciona en el artículo 4 de Ley de Compras Públicas, Ley 19.886, que dice:

 Ningún órgano de la Administración del Estado y de 
las empresas y corporaciones del Estado o en que éste 
tenga participación, podrá suscribir contratos 
administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con los funcionarios directivos del mismo 
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, ni con sociedades de personas de las que 
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades 
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni 
con los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
     Las mismas prohibiciones del inciso anterior se 
aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las 
Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los 
Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario 
del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según 
sea el caso.
     Los contratos celebrados con infracción a lo 
dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los 
funcionarios que hayan participado en su celebración 
incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso 
segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal que les corresponda.
     Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo 
hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el 
inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre 
que se ajusten a condiciones de equidad similares a las 
que habitualmente prevalecen en el mercado. La 
aprobación del contrato deberá hacerse por resolución 
fundada, que se comunicará al superior jerárquico del 
suscriptor, a la Contraloría General de la República y a 
la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional 
la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del 
Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder 
Judicial, a su Comisión de Ética.

En el caso que relatamos, no existen al parecer vínculos de parentesco ni por consanguinidad ni por afinidad, pero ¿Podría existir al menos tráfico de influencias? Sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de estas personas cuestionadas obtuvieron importantes adjudicaciones en la región metropolitana, aún estando con procesos pendientes de faltas tan graves como es la falsificación de una firma, sancionada duramente en el Código Penal.

Me llama personalmente la atención, ya que hace años atrás yo trabajé en una licitación de mediación en Osorno, junto a una mediadora que es abogada. Dada la gran carga de trabajo privado de mi colega, olvidó por un par de semanas subir al sistema unas causas de mediación frustrada. El usuario afectado presentó su queja ante la unidad respectiva, quien la sancionó inmediatamente con tres años de suspensión del registro.

Lo cierto es que las bases del sistema de licitación pública de los servicios de mediación familiar adolecen de errores de diseño, que permiten toda clase de triquiñuelas y trampas. Por ejemplo, al no premiar el mérito de la formación del mediador con puntaje, hay que obtener puntaje como sea, entonces se premia con puntaje a los centros que ofrecen mejores sueldos a los mediadores. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los centros se coluden con algunos mediadores, en el anexo respectivo ponen por escrito y bajo firma que el mediador ganará un gran sueldo. Con eso el centro obtiene la licitación. Pero llegado el momento de pagarle al mediador, éste recibirá el minimo establecido por una gran jornada.

Entonces, nos parece que fue una medida desproporcionada en comparación a lo que pasa ahora. El caso es que mi amiga vino a Santiago a reclamar, y a los pocos días la persona que había dictado dicha sanción dejaba el cargo. Como podemos ver, como decía un amigo estadounidense, en todas partes se cuecen habas, sólo que en Usa se cuecen en olla a presión.

La corrupción en Latinoamérica juega al ajedrez

Por: Daniel Suchar Zomer. Analista Económico. Profesor Universitario

Lo peor del asunto es que todos en Latinoamérica tienen un compadre, un amigo, un contacto, un conocido o un patrocinio; que convive en el círculo vicioso de la corrupción. Es más, no tener o conocer de este personaje, puede ser hasta nocivo para la vida cotidiana del individuo. 

La peor enfermedad de los latinos no está basada en problemas con los mosquitos. Tampoco se asocia con los cambios de temperaturas que existen a lo largo y ancho del continente. Mucho menos se puede comparar con los problemas de higiene que cada país intenta combatir con sus propios sistemas de salud. Ni siquiera entra en la lista un padecimiento como lesiones deportivas o ataques de caspa, o más bien, dolores de muelas o encías. Lamentablemente, en Latinoamérica se sufre y se vive con una enfermedad aún peor: La corrupción.

El término de la corrupción proviene del latín corruptio y rumpere, que significan “romper en pedazos fuertemente”. Cuando se lleva dicha definición al ámbito de la vida cotidiana, suele asociarse al mal uso del poder (público y/o privado) para conseguir una ventaja ilegitima, que generalmente se realiza de forma secreta y privada.

Posiblemente, el ciudadano común asocie la corrupción a los actos cometidos por sus altos funcionarios del gobierno con los cuales, hubo un enriquecimiento ilícito o inapropiado; pero tampoco dejar ser un acto ilegal aceptar lo que hace el propio ciudadano en su vida cotidiana.

El último movimiento de piezas corruptas que se ha descubierto, es el caso de Odebrecht. Una empresa constructora brasilera que a punta de una chequera bien nutrida, logra repartir US$349 millones en sobornos en Brasil, US$98 millones en Venezuela, US$92 millones en República Dominicana, US$35 millones en Argentina, US$34 millones en Ecuador, US$29 millones en Perú, US$11 millones en Colombia, US$10,5 millones en México y US$8,1 millones en Perú, alcanzando una cifra superior a los US$ 660 millones en los principales mercados de la región.

Para muchos, no es sorpresa que países con tendencia socialista estén en esta lista pues cuando sus mandatarios más emblemáticos (Hugo Chávez, Dilma Rouseff, Cristina Kirshner y Rafael Correa) ejercían su ejercicio político, fue donde se manifiestan dichos casos de corrupción. Pero tampoco se puede dejar atrás que estos escándalos están desboronando la situación mexicana que arrastra problemas de popularidad mientras que los neogranadinos el escándalo llega a frenar la racha positivista que mantiene Santos en su mandato presidencial. Para el caso del Perú, el más buscado es Alejandro Toledo pues hasta su propia red de trampas ha salpicado a otros países como Panamá o Costa Rica.

Pero hay que ir un poco más allá. Dice el refrán que el primer acto de corrupción de un político es aceptar un puesto para el cual no tiene competencias. Basados en esa frase, será cierto que el latino “a pie” se comporta a la perfección como para quejarse de sus gobernantes.

El ranking de corrupción emitido anualmente por la ONG Transparencia Internacional, ubica a 17 naciones latinas, por debajo del número 79. De hecho, 11 países están por debajo de las posiciones 100. Quiere decir, que la región es percibida extremadamente corrupta desde su seno político y por ende, debe tener características que la califiquen de “exclusiva porquería corrupta” a lo largo de la mayoría de las naciones.

Hace unos días, un joven soñador decidió presentarse en unas justas deportivas de invierno etiquetándose a sí mismo como atleta de alto nivel. Los hechos dejan en evidencia que el improvisado deportista no tenía la más mínima idea de la disciplina en la que participó y por ende, una serie de comentarios chistosos con base en lo acontecido. Para ser honestos, el acto también se cataloga de corrupción. Una persona (sin pudor ni respeto a los verdaderos atletas) que logra viajar sin ningún tipo de formación deportiva a un evento de carácter mundial que proviene de un país (Venezuela) donde escasean medicinas, alimentos y empleos; debe estar “enchufado” a alguna ubre política para obtener ese beneficio de conocer Finlandia y por ende, la nieve “por primera vez”.

Pero también hay otros ejemplos de corrupción “blanca” que se pueden señalar. En Costa Rica hubo ciertas irregularidades en depósitos realizados a algunas “vice-personas”, que al ser descubiertas, la posición fue de víctimas y no de agresores. Estas personas se hicieron la vista gorda, y hasta que el escándalo no trascendió las fronteras periodísticas, es que el presidente emitió alguna opinión al respecto.

Por algo siempre se ha dicho, que el idioma español es tan rico que hablando “se entiende la gente”. Y no es por nada, pero cuando las personas viajan de un lugar a otro dentro de la región, saben que las cosas se pueden arreglarse en el idioma castellano… pero de los números y en dólares americanos para evitar problemas de tipo de cambio.

La falta de educación y de cultura en la región, es el meollo de todo este asunto. Por algo se observa que países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, Singapur, Holanda o Austria, lideran el ranquin de la poca corrupción. Pero siendo más analíticos y profundos, la educación en estos países está mucho mejor posicionada que en Latinoamérica. Los índices de inversión sobre el Producto Interno Bruto esta direccionado al mejoramiento de su infraestructura y equipos, y no como en la región hispano-parlante, donde el 75% de esa “inversión” se va en salarios para profesores y docentes, dejando muy poco para el beneficio de los alumnos.

Acto seguido, los ciudadanos “adultos” ven como los trámites burocráticos de los países de esta región son tan complicados que generan “empleo subterráneo” a quienes; con poder para agilizar estas diligencias, son dueños del precio que deben de pagar los ciudadanos para conseguir un documento o permiso. Pero lo peor del asunto es que todos en Latinoamérica tienen un compadre, un amigo, un contacto, un conocido o un patrocinio; que convive en el círculo vicioso de la corrupción. Es más, no tener o conocer de este personaje, puede ser hasta nocivo para la vida cotidiana del individuo.

Latinoamérica vive así y pareciera no importarle. Muchos prefieren a gobiernos que “roben pero dejen vivir” a gobiernos que “roben solo para ellos”. Pero en realidad una región no puede colocar sus bases de desarrollo sobre refranes conformistas y que promuevan la corrupción. Este lado del charco debe cambiar el chip y frenar todos estos actos indebidos. En el tablero de ajedrez, las piezas son de diferentes tamaños y con distintas responsabilidades, pero pareciera que en la región, la corrupción disfruta jugando el juego ciencia, pues nadie se escapa de convivir con esta situación.