Licitación de mediaciones familiares: acusaciones de corrupción y faltas graves a la probidad


Lo que sucede al interior de la unidad de mediación chilena fue graficado con anterioridad en este sketch.

Los Centros de Mediación Familiar nacieron en 2005 para ayudar a las familias a resolver sus conflictos sin necesidad de involucrarse en largos y costosos procesos judiciales. Los mediadores facilitan acuerdos en temas como pensiones alimenticias, cuidado personal de los hijos (tuición) y régimen de visitas, sin costo para los involucrados, por lo general, personas en proceso de separación. El servicio lo contrata el Estado, a través del ministerio de Justicia, cada tres o cuatro años de licitaciones públicas. El concurso para proveer mediadores entre 2018-2022, según datos obtenidos de manera exclusiva por The Clinic, se encuentra bajo severo cuestionamiento por prácticas irregulares denunciadas ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Corte de Apelaciones, Fiscalía, y la Contraloría General de la República.

 La Ley 19.968 de 2005 creó los Tribunales de Familia y con ellos se instauró un servicio antes desconocido en la judicatura chilena: los Centros de Mediación Familiar, que debían ayudar a resolver conflictos entre las parejas, a través de “un tercero imparcial”. La idea era descomprimir la cantidad de demandas para resolver temas que, con un poco de ayuda, podrían solucionarse mediante acuerdo entre las partes, como pensiones de alimentos, cuidado personal de los hijos (tuición), relación directa y regular con los hijos (régimen de visitas), sin costo para los involucrados y de manera armónica y más o menos expedita. El servicio, que se carga al presupuesto del Estado, se provee por particulares, a través de licitaciones públicas que se realizan cada tres o cuatro años.

Sin embargo, en el concurso para proveer de mediadores en el periodo 2018-2022 se han denunciado irregularidades que van desde “enriquecimiento sin causa” (al negarse a pagar el exceso de trabajo de un mediador), falta de probidad, falsificación de firma y discriminación de un mediador con discapacidad, según antecedentes obtenidos en exclusiva por The Clinic. La Unidad de Mediación, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra bajo el fuego:  denuncias presentadas ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República.

Según los antecedentes, más del 70% de los Centros de Mediación Familiar se han visto afectados en el normal desarrollo de sus actividades en todo el país, por la deficiente gestión de la Unidad de Mediación Familiar, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que se viene arrastrando desde la administración anterior. Sin embargo, según fuentes consultadas por este medio, las nuevas autoridades han sido informadas de las irregularidades, pero no han corregido los problemas.

Según las denuncias en tramitación, las autoridades a cargo han entregado respuestas erróneas o ambiguas a los exhortos que les han enviado el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y Fiscalía o bien, simplemente, no los han contestado.

LICITACIONES VICIADAS

En diciembre de  2017, en los descuentos del gobierno de Michelle Bachelet , a través de Resolución Exenta Nº81, la Unidad de Mediación, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Justicia realizó el llamado a licitación pública para la prestación de servicios de mediación familiar del país en el periodo 2018- 2022. En la Región del Biobío, el Seremi de la administración anterior se vio en la obligación de suspender el proceso por trato discriminatorio y la Contraloría detuvo las licitaciones que superaban las 5 mil UF mientras se investigaban las denuncias de irregularidades que recibió. Los reclamos llegaron también al Tribunal de Contrataciones Públicas, la Corte de Apelaciones de Santiago y de Rancagua y al Ministerio Público.

Entre las denuncias, se encuentra, por ejemplo, el caso de la mediadora Fernanda Aguirre, a quien le fue falsificada su firma para presentarla en un equipo del que ya no formaba parte, con lo que fue descalificada de la postulación en la que sí se presentaba y, por lo tanto, quedó sin el trabajo que venía haciendo desde hacía tiempo y con buenas evaluaciones, por cuatro años.

Aguirre acusa de la falsificación a su antigua empleadora la abogada Mónica Fuentes Portales, representante legal de la empresa Contacto, quien fue invitada por la Unidad de Mediación Familiar del ministerio para participar en la elaboración de las bases técnicas del concurso, específicamente para determinar las competencias laborales de los mediadores, junto a la empresa V&A Consulting. Mónica Fuentes fue denunciada directamente por sus actos al actual Jefe de la Unidad de Mediación,  Mauricio Salazar, pero según la afectada: “Salazar prácticamente no hizo nada y tampoco dio a conocer estos actos a la Corte de Apelaciones respectiva para que se caducara o sancionara a la mediadora denunciada”. Pese a los cuestionamientos, Mónica Fuentes, según consta en el ID 759-112-lr18 del Mercado Público, se adjudicó un contrato con la subsecretaría de Justicia para el periodo 2018-2022 en la comuna de Recoleta, por más de 460 millones de pesos, a través de la empresa Gestión en Mediación Ltda. (Gesmedia).

Otra acusación es la que presentó el mediador Hugo César Meza Domínguez, profesional con discapacidad,  que ya tenía nueve años de experiencia. En esta licitación Meza Domínguez fue dejado fuera del proceso, a pesar de lo dispuesto en la Ley 20.422 que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Hoy está cesante.

Meza denunció el acto, que consideró discriminatorio, en julio del año pasado ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. El tribunal, en causa ROL 3795-2018, condenó a la subsecretaría de Justicia y obligó a la Unidad de Mediación a reevaluar al profesional. En noviembre pasado, Valeria Paredes, directora de Selección y Desarrollo de la empresa A&V Consulting, reevaluó al profesional y volvió a rechazarlo. Era la misma persona que lo había descartado inicialmente.

Hugo Meza consideró esta medida una nueva “afrenta”, se siente discriminado, en forma reiterada, y por eso presentó un nuevo recurso de protección, causa ROL 6071-2018 ante la  Corte de Apelaciones de Rancagua,  que se encuentra por resolver. Meza sospecha que el encono en su contra se debe a que, bajo la administración de Jaime Campos y también ante la nueva administración hizo denuncias sobre incumplimiento de contrato y “enriquecimiento sin causa”.

Según antecedentes recopilados por  The Clinic, de 14 mediadores familiares que participaron en el panel para determinar qué competencias laborales debían tener los profesionales contratados, en el diseño de las Bases de Licitación para la prestación  del servicio del periodo 2018-2022 (que se hizo en conjunto por el Ministerio de Justicia y la empresa V&A Consulting)  cinco, incluyendo a la abogada Mónica Fuentes, se presentaron a  procesos de licitación y se adjudicaron contratos por mil 800 millones de pesos, aproximadamente. Hugo Meza considera que estos cinco mediadores han sido juez y parte en el concurso y que este es “un grave vicio en el proceso”.

EL CASO DE FERNANDA

Fernanda Aguirre, mediadora familiar, demandó a Mónica Fuentes Portales, abogada y dueña del Centro de Mediación Contacto y Gesmedia, por la falsificación de firma. Ella trabajó durante 7 años para la empresa Contacto, también de propiedad de Fuentes, pero en la última licitación decidió participar en otro equipo, que le ofrecía mejores condiciones y mejor sueldo, y no con Gesmedia. Según la denuncia judicial, ella le informó a su exjefa, al menos con 15 días anticipación, que no seguiría con ella y que no se presentaría con su equipo. Pero la representante de Gesmedia mantuvo su nombre en la nómina y falsificó su firma, lo que provocó que Aguirre fuere eliminada del proceso de licitación, pues aparecía, formalmente, postulando simultáneamente en dos equipos y para dos centros distintos.

De este modo, la profesional se quedó sin fuente trabajo por cuatro años (los mediadores se comprometen a ejercer su tarea en jornada completa y de modo exclusivo). Aguirre denunció los hechos primero esta situación ante la Unidad de Mediación de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero como no obtuvo una solución, recurrió al Tribunal de Contratación Pública, el 27 de agosto de 2018, y luego, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Centro Norte.

La profesional denunció que la firma que aparece en la licitación de la empresa Gesmedia, no es original y así quedó establecido en el peritaje caligráfico realizado en octubre de 2018, por la perito judicial Margarita Valenzuela. Ella concluyó que “de la inspección visual y técnica del archivo, puede concluirse con certeza que las firmas de los mediadores no se realizaron físicamente en el documento original, que ninguna de las firmas conforma parte del documento original, es decir, fueron colocadas y/o dibujadas. La firma de la señora Fernanda Aguirre Parra, corresponde a un dibujo vectorial 100% digital y fue realizada desde un PDF el jueves 19 de julio del 2018 a las 11:12 pm., y que esa operación se efectuó desde un dispositivo con sistema operativo iOS, desde un iPhone o iPad”.

The Clinic contactó a la abogada Susana Borzutzky, representante de la denunciada, quien inicialmente acordó dar una entrevista telefónica, pero luego optó por enviar una declaración por escrito en que niega que su representada haya incurrido en alguna irregularidad:

“La señora Fuentes es absolutamente inocente y víctima de imputaciones sin sustento. La señora Fuentes siempre ha mantenido una relación estrictamente profesional, laboral con el director (de la Unidad de Mediación). Lo conoce por razones académicas. Establecer cercanías inadecuadas no sólo es una falsedad, sino una falta de respeto a su trayectoria y profesionalismo, la cual ha destacado por el respeto a la ética y apego a la Ley. Nuestra representada fue invitada, junto a una veintena de mediadores privados y licitados, por una empresa consultora a participar en  un focus group,  en la cual participó en varias dinámicas, y actividades, y tenía por objeto determinar el perfil del mediador. Nunca tuvo conocimiento de ningún otro antecedente, análisis o conclusión de dicha convocatoria. Por motivos que se investigan ante el Ministerio Público se distorsiona la información.  Nuestra representada no cometió ninguna irregularidad en el proceso de licitación, tenemos sendos informes que acreditan que las firmas fueron realizadas por las mediadoras y  que el documento cuestionado no fue manipulado. Estimar lo contrario y por medios de comunicación constituye una calumnia que vulnera la honra de la señora Fuentes, sobre todo cuando hay una investigación en curso, en la cual hemos colaborado con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido. Se debiese consultar qué hay detrás de esta denuncia, considerando que existen antecedentes fundados, serios y verosímiles, que la denunciante participó hasta último momento en el equipo de mediadoras de la Sra. Fuentes, con ánimo y compromiso, y por motivos que se ignoran pero se sospechan, desconoce su firma, luego de su suscripción e intenta, sin logro, convencer a terceras personas de efectuar una confabulación en su contra”.

No obstante, existe un registro de audio, al que The Clinic tuvo acceso con autorización de la demandante, que demuestra que Fernanda Aguirre avisó con anticipación que no participaría con Fuentes en el proceso de licitación con ella y que la abogada la consideró un acto de deslealtad: “Primero dijo que entendía mi decisión porque ella no podría igualar o superar la oferta que me hicieron, pero, después, me llamó y me trató de desleal, que no podía seguir confiando en mí y que era mejor que renunciara de inmediato”, cuenta.

En cuanto a los “sendos informes que acreditan que las firmas fueron realizadas por las mediadoras”,  lo cierto es que el peritaje realizado a petición de la demandante, indica claramente que la rúbrica de Fernanda Aguirre fue falsificada. La abogada Borzutzky no presentó la prueba que dice tener de que la firma es legítima, ni para este reportaje, ni en tribunales.  

El jefe de la Unidad de Mediación Familiar, Mauricio Salazar, declinó entregar su versión frente a estas acusaciones. En tanto, la fiscal Giovanna Herrera (Fiscalía Local Centro Norte) quién lleva las indagatorias, le comunicó a Fernanda Aguirre que es muy probable que Mónica Fuentes Portales no sea formalizada,, pues la fiscalía le propondrá una salida alternativa.

¿Qué le dijo exactamente la Fiscal Herrera?

-Me dijo que la fiscalía buscaría llegar a un acuerdo para una salida alternativa. Por ejemplo, podrían dejarla firmando por seis meses, pero, esa sanción no quedaría registrada en los antecedentes de la señora Mónica Fuentes.

¿Le mencionó las razones para no formalizar?

-Simplemente porque no quieren formalizar, es como una pérdida de tiempo formalizar a alguien que cometió un delito tan delicado como una falsificación de una firma. Yo no entiendo lo que hace la Justicia, porque saben que la señora Fuentes ha cometido un delito deliberado, flagrante, no ha entregado lo que la fiscalía le ha solicitado como prueba a su favor. Están todos los antecedentes ahí, incluso, la fiscal me señaló que no ha seguido leyendo la carpeta, pero sí me dejó claro que prefieren no formalizar. Me parece absurdo, una burla. O sea, yo creo que cualquier persona que falsifique una firma hoy queda impune, no importa lo que suceda con la persona afectada, no importa nada, la idea es no formalizar, independientemente de que la fiscal esté clara de que sí hubo dolo, que la señora Fuentes sí ha actuado fuera del marco de la ley, que haya falsificado mi firma, como está comprobado, pero no hay justicia.

¿Cuál es tu situación actual?

-Debido a que la señora Fuentes Portales falsificó mi firma, sabiendo que yo participaría con otra empresa en la licitación, resulté castigada en este proceso por aparecer en dos licitaciones a la vez, es decir, quedo fuera de todo por cuatro años, es decir, cesante. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha resuelto de buena manera, no escuchan. O escuchan y no corrigen estos graves errores. La fiscalía determina, con todos los antecedentes a mi favor, que no formalizará, no habrá castigo. Acá hay un montón de irregularidades que solo afectan a los mediadores familiares, al servicio que prestamos y, obviamente, con el menoscabo personal que esto implica. Es evidente que afecta, es una vulneración constante, pero, seguiré adelante, llegaré a todas las instancias, porque esto me afecta no sólo a mí. Hay tantos colegas que se encuentran mal, que también han sido vulnerados y hasta maltratados y de esto alguien se tiene que hacer cargo.  Realmente, considero vergonzoso el actuar de todas las instancias a las que he tenido que llegar, pero, como dije, seguiré adelante y buscaré que se haga justicia.  

The Clinic constató que las cinco mediadoras  que participaron en el diseño de competencias laborales y que, posteriormente se adjudicaron licitaciones, han mantenido un vínculo de amistad con Salazar. Mónica Fuentes fue compañera de Salazar en un Magister de Mediación en la Universidad Central, donde Salazar se convirtió luego en profesor. En tanto, Fuentes mantiene un convenio para práctica de estudiantes con la misma casa de estudios. La Universidad Central se ha adjudicado, reiteradamente,  la evaluación de la calidad de la mediación (ECAME), incluyendo el concurso cuestionado 2018-2022.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Hugo Meza Domínguez a la Contraloría General de la República al Ministerio de Justicia por  “enriquecimiento sin causa”, es decir, por haberse beneficiado con el trabajo ajeno, pues esa cartera se negó a pagar el exceso de casos que debió asumir, a pesar de que por contrato el Estado debía hacerse cargo de ese aumento. Como resultado, el demandante asegura que tuvo que costear de su propio bolsillo el gasto adicional que le significó asumir los nuevos casos.

Meza afirma que el contrato de Prestación de Servicios asociado al Decreto Exento Nº3033, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, para las comunas de San Vicente de Tagua Tagua y Peumo de la VI Región, incluye una “cláusula de modificación de contrato”, que señala: “Cuando se produjera un aumento en la demanda por el servicio en la zona igual o superior al 10% en un periodo igual o superior a seis meses y que afecte el equilibrio económico financiero de las partes, se deberá modificar este”. Durante el periodo marzo 2016 a marzo 2018, la tasa de crecimiento aumentó sobre el 10% del valor considerado en el contrato, es decir, pasó de 110 causas mensuales a 154, un crecimiento en la demanda de servicios de 40%, por lo que correspondía adecuar el monto adjudicado inicialmente. Sin embargo, distintos requerimientos que presentó Hugo Meza ante Mauricio Salazar, Álvaro Pavéz, Roberto Cárcamo  y Jaime  Campos, fueron, reiteradamente, denegados, por lo que el mediador familiar tuvo que sostener el Centro de Mediación Familiar que dirigía por veinticiendo meses consecutivos, con más de 154 causas mensuales, con sus propios recursos. Ante la nula respuesta del Ministerio, Meza Domínguez decidió acudir a la Contraloría General de la República y está a la espera de un pronunciamiento.

¿Cuáles fueron las respuestas que le dieron ante la negativa de restituir los fondos?

-Me dieron distintas respuestas, ninguna convincente. Por ejemplo, que a la Unidad de Mediación le faltaba presupuesto. Después, Álvaro Pavéz, en ese entonces, Jefe de la División Judicial, burlescamente, me dijo que “mejor dejara el contrato si lo deseaba, sin cobrar la póliza, ya me que encontraba tan mal económicamente”. No se entiende que él prefiriera gastar más recursos públicos llamando a nueva licitación en la zona que ceder ante mi petición justa. No entienden que sólo estoy cobrando lo que corresponde por el aumento considerable de la jornada laboral, del desgaste físico, económico, y emocional de todo el equipo, y más aún que vulneraron el derecho de los usuarios.

¿Quién le dio esta respuesta. Qué más le dijeron?

-En junio de 2017, el jefe de gabinete del Ministro Campos, Roberto Cárcamo Tapia, me envió un correo electrónico donde me “insta” a judicializar este conflicto. Una burla más. Pero las nuevas autoridades tampoco han resuelto este problem. Al contrario, se ha convertido en un conato eterno y sin resultados, porque no hay voluntad de ordenar el sistema, de hacerse cargo de que han cometido graves errores que afectan, primero a los usuarios de nuestros servicios, a nosotros como mediadores y también a mí ¿Quién cree usted que paga todas las defensas de las demandas? No salen precisamente de los bolsillos del señor Salazar. No. ¡Todos pagamos! Total no es dinero de ellos.

¿Cuál es su situación actual?

-Es curioso, porque si revisan mis antecedentes laborales y profesionales en Mediación Familiar, los años de trabajo, el compromiso que he tenido, la dedicación que le he entregado, la cantidad de casos atendidos que son más de 7.000  -y con una sustentabilidad de un 95 % en los acuerdos- y ante la negativa de reintegrar el dinero que me adeudan, sumándole el trato y la negación de justicia donde han vulnerado el efectivo cumplimiento del contrato entre las partes, me han generado graves daños morales, patrimoniales y emocionales. Estoy en DICOM por lo mismo.

¿Qué pasó con la última licitación?

-Quedé fuera y es otra cosa curiosa, porque revisando mis puntajes y los resultados, no debió pasar, pero pasó y quedé sin fuente laboral al igual que varios colegas que luchamos por nuestros derechos.

¿Por qué cree que pasó esto?

-Imagino que no les ha gustado que yo haya ido de frente a aclarar las irregularidades, porque he reclamado y exigido respuestas claras, honestas. Me doy cuenta que cuando exiges esto, te convierten en una persona no grata, en una persona que busca problemas y no es el caso. Simplemente, yo veo que el proceso de licitación no fue transparente y no lo será mientras la Unidad de Mediación sea administrada por profesionales que jamás han estado en un proceso de Mediación.

¿Usted me quiere decir que el Jefe de la Unidad de Mediación no ha mediado nunca?

Al menos eso es lo que aparece en información solicitada a través de la ley de Transparencia, que es la única manera de obtener algo de información. Es grave que la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenga graves problemas de empatía, comunicación y de resolución de conflictos, tres elementos claves, según las competencias que nos piden y que están en las bases que ellos diseñaron para el examen psicolaboral. ¿Cómo pueden pedir algo, cuando la autoridad, no lo cumple? Es el mundo al revés.

Hugo Meza fue intervenido quirúrgicamente de un tumor cerebral cuyas secuelas no son visibles. Presenta discapacidad global de un 54% pues presenta hipoacusia (disminución en la sensibilidad auditiva); tinnitus (ruidos auditivos inexplicables que son molestos); parecía facial (es una condición que ocurre debido a un trastorno del nervio facial, donde los músculos encargados de la movilidad y expresión de la cara se paralizan); vértigo y trastorno de la visión. En enero de 2018 se presentó a la licitación para la prestación de Servicios de Mediación Familiar en la VI Región y, de acuerdo a las bases administrativas del proceso se contemplan exámenes teórico, psicolaboral, con aplicación de exámenes psicométricos y una nueva entrevista psicolaboral y práctica. Los dos primeros son de carácter excluyentes. Si bien, las bases no exigen incorporar en la evaluación alguna discapacidad que el postulante pudiera tener, Meza afirma que todo el Estado debe respetar la Ley Nº21.015, de Inclusión Laboral, pero, en la última licitación, dice el profesional, se dio cuenta que el órgano estatal no consideró las medidas de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad. “Esto, a todas luces, afecta el desempeño y no garantiza la igualdad de condiciones y oportunidades de las personas con discapacidad”.

¿Qué pasa con Senadi?

Ellos están en conocimiento de mi situación y, obviamente, que están muy molestos y me informaron que tomarían cartas en el asunto, pero, tengo muy claro que esto demorará mucho tiempo y yo no solo necesito, sino que exijo, que me respondan a la brevedad y que se hagan cargo y corrijan estas arbitrariedades.

¿Cómo cree usted que en Senadi puede colaborar, realmente, a disminuir la discriminación laboral por discapacidad?

Creo que se hace necesario y cada vez más urgente que, apoyados de la tecnología y trabajos en red, se pueda generar una nómina donde todos los ministerios, por ejemplo, ingresen la cantidad de profesionales que tienen y que cuentan con una discapacidad y eso debería estar en línea y actualizado. De este modo, en los procesos de licitación y/o selección, por ejemplo, sabrían qué tipo de apoyo dar a los postulantes ; eso lo haría más inclusivo y transparente ¿Por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no responde a tiempo y en forma a los requerimientos de la Corte de Apelaciones y a la Contraloría General de la República? Se entiende que ningún órgano del Poder Ejecutivo está por sobre el poder judicial. Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario. Muchas preguntas, ante estas irregularidades y arbitrariedades, que, hasta hoy, no tienen respuestas.


(The Clinic, 17 de enero de 2018)

 

Publicado por

Patricio Rebolledo Schmidt

Patricio Rebolledo Schmidt

Concluida su enseñanza media ingresó en el año 1976 a la carrera de Ingeniería Comercial, en la Universidad de Chile sede Viña del Mar, ubicada en 7 Norte con Pasaje La Paz. Luego de cursar dos años, se desilusionó de la carrera por el marcado acento neoliberal de la misma, que privilegiaba lo que se denominaba en ese entonces el laissez faire, l expresión francesa que significa «dejen hacer», refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. En la búsqueda personal de una vocación más humanista y cristiana, Ingresó en el año 1978 en el Pontificio Seminario Mayor "San Rafael" de Valparaíso, siguiendo un impulso por estudiar la carrera sacerdotal. Egresó de dicho centro de estudios sin ordenarse sacerdote el año 1986. Dichos estudios marcaron en él una profunda convicción cristiana y un gran amor por la Iglesia. 1980: Bachiller en Filosofía, Universidad Católica de Valparaíso 1984: Profesor de Teología, Universidad Católica de Valparaíso 2002: Postítulo en Informática Educativa, Universidad de Los Lagos, Osorno 2005: Postítulo en Mediación Familiar, Universidad de La Frontera, Temuco 2012: Postítulo en Mediación Familiar, Universidad Católica del Norte 2014: Magíster en Mediación Familiar, Universidad de Aconcagua 2016: Alumno de Magíster en Resolución Colaborativa de Conflictos, Universidad Católica de Temuco.

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