Cuando los organismos licitantes juegan ajedrez


Patricio Rebolledo Schmidt, Mg. en Mediación Familiar, UAC

Listado de mediadores familiares que participó en la elaboración de la pauta Ecame:

Curiosamente una de las personas antes nombradas, obtuvo una alta calificación en la pauta que ayudó a elaborar, y obtuvo además una alta calificación en la prueba de conocimientos de mediación. Hasta ahí, parece todo correcto. En una de esas esa mediadora es estudiosa y puede ser meritorio el hecho de que obtenga altas calificaciones en ambas evaluaciones.

Pero… ocurre que esa misma persona fue denunciada por falsificación de firma, y es férreamente defendida por el Consejo de Defensa del Estado.

Como en toda situación de corrupción, el discurso de la defensa, que solicitó un recurso de reposición que le fue denegado, se hace aparecer a la víctima de la falsificación como la persona causante del daño al patrimonio del estado por tener que prorrogar la licitación cuestionada, cuando es precisamente al revés.

Otro punto que llama la atención es lo que se menciona en el artículo 4 de Ley de Compras Públicas, Ley 19.886, que dice:

 Ningún órgano de la Administración del Estado y de 
las empresas y corporaciones del Estado o en que éste 
tenga participación, podrá suscribir contratos 
administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con los funcionarios directivos del mismo 
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, ni con sociedades de personas de las que 
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades 
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni 
con los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
     Las mismas prohibiciones del inciso anterior se 
aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las 
Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los 
Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario 
del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según 
sea el caso.
     Los contratos celebrados con infracción a lo 
dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los 
funcionarios que hayan participado en su celebración 
incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso 
segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal que les corresponda.
     Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo 
hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el 
inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre 
que se ajusten a condiciones de equidad similares a las 
que habitualmente prevalecen en el mercado. La 
aprobación del contrato deberá hacerse por resolución 
fundada, que se comunicará al superior jerárquico del 
suscriptor, a la Contraloría General de la República y a 
la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional 
la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del 
Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder 
Judicial, a su Comisión de Ética.

En el caso que relatamos, no existen al parecer vínculos de parentesco ni por consanguinidad ni por afinidad, pero ¿Podría existir al menos tráfico de influencias? Sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de estas personas cuestionadas obtuvieron importantes adjudicaciones en la región metropolitana, aún estando con procesos pendientes de faltas tan graves como es la falsificación de una firma, sancionada duramente en el Código Penal.

Me llama personalmente la atención, ya que hace años atrás yo trabajé en una licitación de mediación en Osorno, junto a una mediadora que es abogada. Dada la gran carga de trabajo privado de mi colega, olvidó por un par de semanas subir al sistema unas causas de mediación frustrada. El usuario afectado presentó su queja ante la unidad respectiva, quien la sancionó inmediatamente con tres años de suspensión del registro.

Lo cierto es que las bases del sistema de licitación pública de los servicios de mediación familiar adolecen de errores de diseño, que permiten toda clase de triquiñuelas y trampas. Por ejemplo, al no premiar el mérito de la formación del mediador con puntaje, hay que obtener puntaje como sea, entonces se premia con puntaje a los centros que ofrecen mejores sueldos a los mediadores. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los centros se coluden con algunos mediadores, en el anexo respectivo ponen por escrito y bajo firma que el mediador ganará un gran sueldo. Con eso el centro obtiene la licitación. Pero llegado el momento de pagarle al mediador, éste recibirá el minimo establecido por una gran jornada.

Entonces, nos parece que fue una medida desproporcionada en comparación a lo que pasa ahora. El caso es que mi amiga vino a Santiago a reclamar, y a los pocos días la persona que había dictado dicha sanción dejaba el cargo. Como podemos ver, como decía un amigo estadounidense, en todas partes se cuecen habas, sólo que en Usa se cuecen en olla a presión.