DESAFÍOS PARA EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial enfrenta dos grandes desafíos:

  1. Acercar el poder judicial a la gente. Los ciudadanos se sienten en general excluidos de la justicia. Los tribunales civiles representan la mayoría de las causas que se tramitan en el país: unos tres millones de causas al año que en su mayoría son deudas, cobros de pagarés, cobro de deudas impagas del retail y de la banca. Esas materias componen casi el 100% de las causas que se ventilan en el país.
  2. Hay conflictos latentes que escalan a violencia, y ahí recién opera el sistema judicial. ¿Cómo avanzar hacia una justicia vecinal? El ámbito judicial está plagado de abogados. Se han realizado pequeñas experiencias como la justicia móvil, que han generado sin duda vínculos de confianza, pero más bien a nivel de orientación que de resolución de problemas. Muchos grupos de personas vulnerables han manifestado su inquietud porque dicen que se sienten victimizados cuando van a buscar justicia al sistema formal.

Por otra parte, en materia civil la mayoría de las causas terminan porque se retira la demanda.

Si queremos avanzar hacia un sistema de resolución alternativa o complementaria de conflictos, hay que avanzar hacia un sistema multipuertas; es decir, que partes de un conflicto se puedan dirimir en forma amigable en mediación, mediante el mecanismo de resolución desjudicializada del conflicto.

Debe ofertarse por parte del estado una gama amplia de posibilidades de resolución de conflictos no judicializados. El sistema judicial debe recuperar los sistemas ancestrales de resolución de conflictos, por ejemplo, el de los pueblos mapuches, aymará, rapa nui, etc. El desafío es: ¿De qué manera relacionar esos sistemas ancestrales con el poder judicial.

Desde las políticas públicas se deben implementar diálogos, y cómo avanzar hacia una etapa preventiva de los conflictos entre las personas, entre los pueblos, entre las etnias, entre las comunidades, etc. Uno de los pilares del sistema es la educación: los alumnos deben ser instruidos en los métodos alternativos de resolución de conflictos, para que la justicia no llegue tarde. Cambiando la cultura de la violencia que está instalada en los colegios.

Estos mecanismos tienen que ser parte de un modelo sistémico, con una mirada integral para todo el tejido social.

El ex-presidente Salvador Allende propuso en el año 1971 un proyecto de tribunales populares para sectores donde no llegaba la justicia.

El ex-presidente Sebastián Piñera propuso la creación de tribunales vecinales.

La actual presidenta Michelle Bachellet propone una nueva agenda donde la justicia sea para todos y para todas.

Ojalá que algo surja de todas esas mociones.

(Constanza Collarte Pindar, directora de Estudios de la Corte Suprema, ex coordinadora de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, del Ministerio de Justicia.)

LA EDUCACIÓN JURÍDICA Y LA MEDIACIÓN

No existe un tratado donde se contemplen todas las formas de composición amigable de conflictos, en el ámbito administrativo, en el comercio, en lo penal, en lo vecinal, en lo escolar, en lo comunitario, en la salud, etc.

Habría que hacer un mapa de todas las normas legales de Chile que se refieran a la resolución amigable de conflictos. Este es uno de los grandes temas del futuro de la justicia en nuestro país.

Ahora es el momento, porque se está debatiendo en el congreso la reforma procesal civil.

Nosotros los chilenos estamos acostumbrados a la cultura del litigio. Las universidades de nuestro país debieran dar formación no sólo sobre litigio, sino paralelamente debieran enseñar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los abogados manejan bien los procedimientos litigiosos, pero no conocen bien las RAC.

Los tribunales deciden los conflictos, pero no los resuelven. Aplican el derecho, pero las causas del conflicto no se resuelven. La justicia de la ley es muy diferente a la justicia práctica.

La ciudadanía desconoce la ley porque no es accesible al lenguaje de la calle. El estado publica las leyes de muy mala manera, y estos desconocimientos causas problemas.

En USA existen experiencias como los chequeos legales a las personas (p. ej. en el estado de Winconsin); se refiere a ver cómo está la situación legal de las personas para evitar conflictos posteriores.

En cambio en nuestro país los anogados se dedican sólo a lo contencioso, es difíl remover esta cultura del litigio.

Mahatma Ghandi señaló en una oportunidad que: “La humanidad no toma conciencia de los daños que provoca el llevar los problemas a la justicia. Ghandi era abogado y sabía de lo que estaba hablando.

Revisando la ley pareciera que no se quiere dar un reconocimiento explícito a la mediación; por otra parte es necesario señalar que en el diseño de la mediación se han puesto demasiadas trabas sobre lo que se puede mediar y lo que no se puede mediar.

Hay mucha tarea por delante; ni qué decir de otros desarrollos posibles de la mediación: en el área de la propiedad intelectual, en la educación, en el ámbito financiero, etc.

Hay una responsabilidad enorme de las políticas públicas; nosotros podemos iniciar e impulsar este debate. Tal vez nosotros no veamos los frutos de esto, pero nuestros sucesores sí lo verán.

(Luis Bates Hidalgo, abogado, profesor, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, ex presidente de Transparencia Internacional de Chile, ex Ministro de Justicia y actual Director del Centro de Educación Ciudadana de la facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián).

ERRORES CONCEPTUALES SOBRE LA MEDIACIÓN QUE OBSTACULIZAN SU DESARROLLO

La mediación NO es un método alternativo de resolución de conflictos; es un método COMPLEMENTARIO.

No es competitivo del poder judicial; aquí nos perdemos en el lenguaje.

¿Cómo podemos convencer al poder judicial que sí es posible enviar causas a mediación en medio de un procedimiento judicial?

Lo virtuoso de la mediación es que es complementaria e integradora; no debemos cometer errores conceptuales.

Hoy la mediación busca un lugar donde asentarse.  Aun no se superan las desconfianzas iniciales al sistema de mediación por parte del poder judicial. Lo positivo del caso es que actualmente la Corte Suprema es menos dogmática que antaño.

Hemos equivocado el camino cuando creemos que el impulso a una gran reforma sobre mediación debe venir del ejecutivo. No, debe provenir del poder judicial.

(Pedro Barría Gutiérrez, abogado y mediador, Jefe de la Unidad de Mediación por daños en salud del Consejo de Defensa del Estado).

LOS MEDIADORES SE ESTÁN ORGANIZANDO

Nos ha llegado el siguiente mensaje: Solicitamos a las/los Mediadoras/es de esa región que reciban éste mensaje, que me colaboren proporcionando correos electrónicos PERSONALES de mediadores de las distintas ciudades de esa región. Si alguno de otra región quiere colaborar, me envía la información y la derivo a la persona correspondiente. La razón de comunicarnos con ustedes es, contarles que un grupo de Mediadoras/es Familiares de la Región de Valparaíso, nos hemos reunido para conversar acerca del impacto que están teniendo, en el funcionamiento de los centros licitados de mediación familiar, las nuevas bases de licitación y las medidas emergentes de control del sistema, entre otras. Frente a lo cual, queremos hacer un planteamiento a nivel nacional ante las entidades correspondientes, pero para ello, necesitamos contar con la participación de la gran mayoría de las/los mediadoras/es de todas las regiones del país. Saludos Mediadores de la Quinta Región

La mediación chilena comparada con el resto del mundo

En algunos países como Canadá, Estados Unidos y otros, uno va a los Palacios de Justicia y se encuentra con muchos ciudadanos y pocos abogados. Entre los ciudadanos que encontramos hay médicos, comerciantes, personas que van a reclamar temas de arriendo, un dueño de casa que pide solución a un problema que le generó un constructor, que le construyó en forma deficiente una habitación de su casa, o un constructor reclamando porque no se le ha pagado su trabajo, o sea, nos encontramos con problemas cotidianos de la vida común.

Ahí concurren los ciudadanos patrocinados y no patrocinados con abogados (o sea, concurren a hacer sus reclamos con o sin abogado); allí se le ofrecen a la persona una vasta red de servicios de mediación, de conciliación en alguno casos, de arbitraje en otros y de juicios breves, transparentes y baratos para que los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Estos procesos judiciales están dirigidos a todos los ciudadanos, sin importar si son pobres o ricos.

En esos casos la mediación funciona allí de forma muy variada. Existe en dichos Palacios de Justicia un gran equipo de mediadores contratados por el sistema judicial, con distintas especialidades: mediadores para casos de salud pública, para casos comunitarios, penales, escolares, etc. Los vínculos de estos sistemas e mediación con el sistema formal de justicia son muy fuertes y dinámicos. Hay mediación anterior, posterior, seguimiento; durante el proceso de mediación suele suspenderse la mediación para continuarla en otro momento. Hay mediación parcial, total, adicional, hay mediaciones colectivas, laborales, etc.

También existe en esos países la mediación penal, entre víctima e imputado, incluso a veces por homicidio, en cuyo proceso la víctima terminaba conversando con el victimario, habiendo peticiones de perdón por una parte, y otorgando un perdón reparador por la otra parte. Todo esto no suspende el juicio formal ni el cumplimiento de la pena, pero se da en un marco de justicia restaurativa, no meramente retributiva, otorgadora de esperanza y reconciliación del victimario con la sociedad.

La ideología pública detrás de esto es una mirada de un estado que apoya al ciudadano, que se preocupa por su bienestar; este ciudadano es el que mantiene al sistema público con sus impuestos, y es el que con su voto elige a las autoridades, por lo tanto esas autoridades se preocupan del ciudadano, porque si lo atienden bien, finalmente contarán con el apoyo de los ciudadanos.

En los países de américa latina el panorama es bastante diferente: vemos muchos procedimientos judiciales largos, poco transparentes y costosos. En los Tribunales de Justicia de Latinoamerica los que litigan son personas normalmente adineradas, porque son quienes pueden pagar abogados caros, en procesos judiciales largos. En Latinoamérica existe una gran cultura del litigio.

En nuestro país no existe ninguna instancia donde puedan solucionarse temas cotidianos; si un maestro dejó mal pintada una casa, o dejó mal hecha la escalera, no tenemos instancia de mediación fácil y expedita. En general en Chile los ciudadanos no litigan en las cosas cotidianas, en eso existe una especie de impunidad. Excepto algunos casos que están institucionalizados, como los tribunales laborales, y otros para temas muy puntuales; pero por regla general el ciudadano común no tiene acceso a la justicia de las cosas cotidianas, como problemas de mascotas, de cercos, de ruidos hasta tarde, de trabajos mal hechos o mal pagados, etc.

Con el advenimiento de la democracia en Chile, desde hace unos veinte años a la fecha, el estado vio la necesidad de proveer instancias judiciales gratuitas: aparecieron  las Corporaciones de Asistencia Judicial, que lo que hace es proporcionar abogados noveles o estudiantes en práctica, para que vayan finalmente a litigar a los tribunales. Ha sido un avance, sin duda.

Pero lo que vemos en los tribunales no son a los ciudadanos; los tribunales chilenos están repletos de abogados cobrando deudas bancarias a los ciudadanos. Es el sistema financiero instalado en nuestros tribunales.

En segundo lugar, tenemos la mediación. En nuestro país la mediación se desarrolló en un ambiente muy complejo para la propia mediación; al provenir no del sistema judicial sino del ejecutivo, el sistema de mediación  partió con desconfianza. Los primeros mediadores tenían que ir a los tribunales a buscar sus usuarios, convirtiéndose en una especie de vendedores de seguros.

En la actualidad se aprecia un sistema de mediación cuyos centros de mediación son provisorios, incurren en gastos de instalación e infraestructura cuyas especificaciones exigidas no se condicen con los ingresos que obtienen, en unas licitaciones que suelen durar unos tres años. Es un sistema presionado para dar respuestas baratas y rápidas, con poco presupuesto. Esto hace que no haya Palacios de Justicia para los ciudadanos, sino verdaderas ratoneras.

Además existen problemas estructurales entre la mediación y el sistema formal de justicia, muchas veces los jueces no reconocen las actas de mediación, y no reconocen la voluntad de las partes si en algún punto el acuerdo no se ajusta a derecho.

Se evidencia la necesidad de que a estas alturas, la mediación de un paso adelante. Hace 80 años en Chile los que tenían propiedades, los comerciantes, los adinerados, constituían el 10% de la población. El resto de los ciudadanos no participaba de la vida social o económica del país.  Hoy existe una clase media y emergente muy potente en el país y hay que adecuar el sistema de justicia; hay que abrir los Palacios de Justicia a los ciudadanos.

La mediación aparece como la gran herramienta, no la única, para que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia.

Se hace necesario integrar la mediación con el sistema formal de justicia, y darle verdadero reconocimiento, y otorgar más recursos al sistema.

LA MEDIACIÓN CHILENA ¿ES UNA JUSTICIA DE SEGUNDA CLASE?

images (3)Nos preguntamos: ¿Existe hoy una política pública de mediación familiar? ¿Hacia dónde vamos?.

En 1996 se iniciaron en Chile las primeras experiencias de mediación.

¿Qué tenemos hoy?. Hoy tenemos un grupo importante de mediadores, muchas leyes dispersas que hablan a la pasada sobre mediación.

Se echa de menos en las políticas públicas una hoja de ruta que muestre parámetros de adónde queremos llegar.

Las experiencias de mediación en nuestro país, ¿Responden a una politica pública?; ¿Cuál es la articulación del sistema de mediación con el sistema formal de justicia?.

La implementación de la mediación no tiene nada que ver con el discurso público. Se echa de menos una gestión adecuada; la asignación de recursos siempre es incoherente respecto de los discursos, lo que queda en realidad, son los rescoldos. Por eso hoy en día es posible encontrar centros de mediación que son verdaderas ratoneras.

Sin duda es un tema muy sensible. Las decisiones tomaron en cuenta más la cobertura que la calidad, al menos en los comienzos.

Otro factor importante es la especialización de los mediadores. Es necesario que exista asignación de recursos para perfeccionamiento; hoy no se divulga ni se promueve la mediación.

Otro gran problema, que ha convertido a la mediación en una justicia de segunda clase, es el hecho de que la mediación familiar en Chile no forma parte del sistema judicial.

La mediación debe funcionar de forma integrada, articulada con la justicia formal. Hoy la mediación es una justicia de segunda clase, mediadores mal pagados y sobreexplotados en un sistema de incentivos perversos.

Es lamentable que la voz del derecho no se haya pronunciado al respecto.

La legislación debiera ser tal, que cuando opere el mecanismo de la mediación, la justicia formal debiera reconocer el derecho a exigir el cumplimiento de lo acordado, sin tener que ajustarse al sistema formal de justicia, que tiene objetivos muy distintos.

LA MEDIACIÓN SOLA NO FUNCIONA, DEBE ESTAR INTEGRADA EN UN MODELO

El 19 de noviembre del año pasado se realizó en Santiago el seminario “Estado actual de la mediación en Chile”, al que invitó el Colegio de Mediadores de Chile.

Uno de los expositores fue Felipe Viveros, quien expuso el tema “Conflictividad y Cultura Democrática. En su ponencia sostiene que nuestra figura colectiva está modelada por registros de enormes conflictos colectivos: la conquista, la colonización, etc., fenómenos que han dado lugar a elites de poder, con el consiguiente desarrollo de esquemas de autoritarismo, conflictividad y subdesarrollo, ejercidos por el estado, la iglesia, los poderes políticos, por grandes próceres que forjaron la patria.

Por otra parte en todo el mundo hoy vivimos en un medio conflictivo; muchos autores señalan que encima de la creación de la cultura hay grandes crímenes, genocidios, etc.

Nuestro país enfrenta dos grandes demandas: Por un lado, Bolivia, nos tiene demandados ante la Corte Internacional de La Haya, y por otra parte, estamos demandados ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por no reconocer los derechos de los pueblos originarios.

Chile ha sido históricamente un país autoritario. Partiendo de nuestro lema nacional, “Por la razón o la fuerza”, cuando debier ser al menos, “Por la fuerza de la razón”.

Recordemos que nuestro país expandió sus fronteras en base a conflictos armados, cuyas consecuencias nos siguen pasando la cuenta hasta hoy.

Si revisamos la historia, estamos plagados de ruidos de sable, golpes militares, cuartelazos, boinazos, tancazos, tacnazos, complots, ejercicios de enlace, matanzas colectivas como las del Seguro Obrero, la de los mineros del norte en la escuela Santa María, matanza de mapuches, etc.

Todos recordamos lo que pasó en Chile desde el año 1973 para adelante.

Revisando la historia, nos encontramos con Ramón Barros Luco (más conocido por el sandiwch que lleva su nombre), fue el principal gestor de la guerra civil contra Balmaceda; él decía que hay 2 tipos de conflictos: el 98% de ellos no tienen solución, y el 2% restante se solucionan solos.

Chequeando los siglos anteriores nos encontramos con las luchas obreras, que si bien hoy no se llaman así, aún persisten. La conflictividad mapuche es un fenómeno imparable.

Por otra parte, nuestra Corte Suprema ha sido signo de un gran autoritarismo; pero hoy al menos reflexiona su quehacer, lo que no hacen otras instituciones.

Seguimos desencantados con un modelo económico liberal que aplasta a los pobres mediante las colusiones (de las farmacias, de los pollos, del papel higiénico, etc.), y también nuestro frente valórico está en decadencia.

Pero en nuestro país ha existido culturalmente la negación del conflicto. Revisando autores como Gabriela Mistral, Guillermo Blanco y muchos otros nos encontramos con la idea subyacente de si podremos convivir juntos o no.

Este autoritarismo está presente en el tema de la mediación en Chile y en quienes lo manejan: el Ministerio de Justicia.

Hoy tenemos un sistema de mediación en el que sólo importan las metas; tenemos un sistema que explota a los mediadores en pos de metas incumplibles; la carga siempre se pone en la sospecha, en los controles, en incentivos perversos.

¿Y qué pasa con las otras mediaciones?

Tenemos que dar un salto, debido al enorme crecimiento de la clase media. Los países desarrollados pasaron por este fenómeno hacia los años 60; nosotros lo estamos viviendo ahora.

Debemos hacer cambios urgentes; debemos abrir los palacios de justicia a todos los ciudadanos. La Corte Suprema, que fue históricamente signo de gran autoritarismo, al menos hoy está reflexionando.

Hoy sabemos que la mediación sola no funciona; debe estar integrada en un modelo.

¿Cómo proyectar ese concenso a los políticos? El gran problema de nuestro país es la enorme fragmentación de los actuales sistemas de mediación: para unos es arbitraje lo que para otros es mediación, dependiendo del tema, si es consumo, familia, salud, penal, comunitario, laboral, etc.

Mediadores de Chile, tenemos una gran tarea por delante.